
La reforma responde al incremento histórico de este ilícito en el último trimestre. Con la nueva legislación, se eliminan las fianzas para procesados por extorsión telefónica y presencial, cerrando la \"puerta giratoria\" que permitía a los imputados llevar su proceso en libertad.
El dato: La pena mínima se eleva a 15 años de prisión y se incluye, por primera vez, la modalidad de \"extorsión digital\" y el cobro de cuotas a productores agrícolas como agravantes.
Expertos en seguridad celebran la medida pero advierten que, sin una depuración de los ministerios públicos, la letra de la ley podría quedar muerta. Legisladores de oposición votaron a favor, aunque criticaron la tardanza en su implementación.
El decreto ha sido enviado al Ejecutivo para su publicación inmediata en el Diario Oficial de la Federación.