La Fiscalía General de la República (FGR) citó a comparecer a Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, junto con otras nueve personas originarias de esa entidad, para rendir entrevista ante el Ministerio Público de la Federación. Las citaciones se enmarcan en la investigación abierta tras las acusaciones presentadas ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York que los vincula con Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.
En el comunicado difundido este sábado 23 de mayo, la Fiscalía Federal informó que las citaciones forman parte del plan de investigación y buscan avanzar "con seriedad y exhaustividad" en la indagatoria. La institución precisó que actuó conforme a sus atribuciones constitucionales y legales, con plena sujeción al debido proceso.
De los diez ciudadanos mexicanos acusados originalmente, al menos dos ya no se encuentran en territorio nacional. El exsecretario de Seguridad Gerardo Mérida se entregó a las autoridades estadounidenses desde el pasado 11 de mayo, mientras que reportes extraoficiales indican que lo mismo ocurrió con el exsecretario de Finanzas del gobierno sinaloense, Enrique Díaz.
Esta situación reduce a ocho las personas que tendrían posibilidad de comparecer ante las autoridades mexicanas, incluyendo al gobernador con licencia de Sinaloa. Las acusaciones presentadas en Estados Unidos representan uno de los casos más significativos que involucran a funcionarios estatales mexicanos con organizaciones del narcotráfico.
La investigación surge de los cargos presentados contra los 10 ciudadanos mexicanos del estado de Sinaloa por su presunta vinculación con la facción de Los Chapitos, una de las estructuras más poderosas del Cártel de Sinaloa. Este grupo criminal ha sido señalado por las autoridades estadounidenses como responsable del tráfico de grandes cantidades de fentanilo hacia Estados Unidos.
El caso marca un precedente importante en la cooperación judicial entre México y Estados Unidos en materia de combate al narcotráfico, particularmente cuando involucra a funcionarios de alto nivel del gobierno estatal. La respuesta de la FGR refleja la presión internacional y la necesidad de dar seguimiento a las acusaciones formuladas por el sistema judicial estadounidense contra ciudadanos mexicanos.
