Pepe Ávila, activista y defensor de Playa Las Cocinas, en Punta de Mita, confirmó en video que existen órdenes de aprehensión en contra de integrantes del movimiento que se oponen a las obras en la zona costera, un caso que se ha convertido en uno de los conflictos socioambientales más visibles de Bahía de Banderas.
De acuerdo con la información difundida por la defensa y retomada por distintos medios, la Fiscalía de Nayarit habría obtenido entre cuatro y seis órdenes de aprehensión contra pescadores, habitantes y prestadores de servicios que participaron en protestas contra el desarrollo turístico promovido por Cantiles de Mita S.A. de C.V., filial de Grupo DINE.
Los señalamientos incluyen presuntos delitos de amenazas, daños en la propiedad, apología del delito y asociación delictuosa. La versión de la defensa sostiene que los recursos de amparo ya promovidos fijaron garantías económicas de 3 mil 500 pesos en tres casos y 8 mil pesos en otro, además de suspensiones que impedirían detenciones mientras se resuelven los procesos.
El abogado Luis Daniel Juárez cuestionó la rapidez con la que, según dijo, el Ministerio Público integró los elementos para pedir los mandamientos judiciales, al señalar que las órdenes habrían sido tramitadas el mismo día de los hechos o en fechas muy cercanas a las protestas.
El conflicto se remonta al 28 de abril, cuando tres personas fueron detenidas durante una manifestación en la obra y luego liberadas, mientras continuaban las denuncias por presuntas afectaciones ambientales y posibles irregularidades en permisos y autorizaciones para el proyecto en la franja costera.
En contraste, la empresa difundió que las actividades en Playa Las Cocinas cuentan con permisos y autorizaciones de SEMARNAT, y aseguró que las obras se realizan dentro de la concesión federal; sin embargo, colectivos locales sostienen que persisten dudas sobre el alcance real del proyecto y han exigido transparencia total.
Para Nayarit, el caso ha encendido nuevamente el debate sobre la defensa del acceso público a las playas, el impacto de desarrollos privados en zonas federales y el uso de figuras penales contra protestas ciudadanas, en un contexto donde la tensión entre autoridades, empresa y comunidad sigue escalando.
