Trabajadores de la Delegación de Programas para el Bienestar en Nayarit denunciaron una situación insostenible dentro de la dependencia federal, donde grupos políticos locales habrían corrompido los objetivos de la Cuarta Transformación. Los empleados hicieron un llamado urgente al gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero y a la secretaria de Bienestar Ariadna Montiel para que intervengan en el conflicto.
Según las denuncias, tras la sorpresiva salida de Martha Patricia Urenda como delegada, la situación ha empeorado debido a que la ex funcionaria supuestamente continúa manejando las oficinas desde las sombras. Los trabajadores señalan que personal de confianza de Urenda que se había despedido públicamente, incluso en redes sociales, sigue cobrando en nómina sin presentarse a laborar, con salarios que rondan los 17 mil pesos quincenales.
El conflicto se agravó cuando la subdelegada administrativa Rocío Lozano intentó regularizar la situación solicitando que estos empleados se presentaran a trabajar o fueran dados de baja. Como consecuencia de estas acciones administrativas, Lozano fue despedida pese a que su cargo tenía una duración de cinco años y había sido obtenido por examen de oposición.
Los trabajadores sindicalizados denunciaron que son presionados con frases como "Estás con Pavel, con los Echevarría y nosotros o con el Gobernador", siendo obligados a definir posturas políticas bajo amenaza de despido. Quienes no responden a favor de la ex delegada conocen cuál será su destino laboral, según testimonian los empleados.
Durante la reciente visita de Ariadna Montiel a Tepic, los supuestos aviadores de Urenda se presentaron con chalecos oficiales en una reunión privada en el Teatro del Pueblo. Posteriormente, Mónica Moreno, quien cobra casi 20 mil pesos mensuales, envió un boletín no autorizado lavando la imagen de la ex delegada, evidenciando para quién trabaja realmente.
La denuncia también señala que algunos allegados a Urenda están cobrando simultáneamente en áreas de la Universidad Autónoma de Nayarit, presuntamente por acuerdos con la rectora. Los trabajadores calificaron esta situación como el accionar de un "cártel" que opera contra los intereses del pueblo nayarita y piden la intervención inmediata de las autoridades estatales y federales.
