La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una investigación formal luego de que Estados Unidos presentara el 28 de abril de 2026 solicitudes de detención provisional con fines de extradición contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios del estado, acusados de presuntos vínculos con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.
El vocero de la FGR, Ulises Lara López, informó en conferencia de prensa que la dependencia revisará la documentación enviada por el Departamento de Justicia y la DEA de Estados Unidos, pero advirtió que las solicitudes no se acompañaron de elementos probatorios contundentes, lo que impide por ahora proceder penalmente conforme a la legislación mexicana.
Las acusaciones detallan en un documento de 34 páginas los presuntos delitos cometidos por los funcionarios sinaloenses, entre ellos el tráfico de drogas y delitos relacionados con armas. Los señalados incluyen, además de Rocha Moya, al senador Enrique Inzunza, al vicefiscal estatal Dámaso Castro Saavedra y al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, entre otros exservidores públicos.
En los casos del gobernador Rocha Moya y del senador Inzunza, la FGR subrayó que ambos cuentan con inmunidad constitucional conocida como fuero, lo que impide su detención directa. Para que pueda proceder cualquier proceso penal en su contra, se requiere primero agotar el procedimiento de desafuero ante el Congreso de la Unión.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) también emitió un pronunciamiento en el que confirmó haber recibido las solicitudes de extradición a las 18:00 horas del 28 de abril, y señaló que la información fue turnada a la FGR para su evaluación. La Cancillería además anunció el envío de una queja diplomática a la Embajada de Estados Unidos en México, al argumentar que la difusión pública del caso viola disposiciones de confidencialidad establecidas en los tratados bilaterales vigentes.
El propio gobernador Rubén Rocha Moya reaccionó a las acusaciones y las calificó como un ataque no solo a su persona, sino también al movimiento político conocido como la Cuarta Transformación (4T). Por su parte, la Fiscalía del Estado de Sinaloa señaló que los señalamientos deberán sustentarse con pruebas ante la FGR antes de que México tome alguna acción formal de cooperación con las autoridades estadounidenses.
