Tres partidos políticos nacionales enfrentan consecuencias significativas en Coahuila tras los resultados preliminares de la elección local del 7 de junio. El PAN, Movimiento Ciudadano y el Partido Verde quedaron por debajo del 3% de la votación válida, umbral mínimo que establece la legislación estatal para conservar prerrogativas locales.
Según los datos del Programa de Resultados Electorales Preliminares, el PAN obtuvo alrededor del 2.1% de los sufragios, Movimiento Ciudadano alcanzó entre 1.9% y 2.0%, mientras que el PVEM logró cerca del 2.6%. Estos porcentajes contrastan con el dominio de la alianza PRI-UDC, que se adjudicó los 16 distritos de mayoría relativa con aproximadamente 55% de la votación.
La consecuencia inmediata para estos partidos será la pérdida del financiamiento público estatal y su exclusión del reparto de diputaciones plurinominales en el Congreso de Coahuila. El Código Electoral del Estado establece en su Artículo 28 que los partidos nacionales pierden el derecho a recursos públicos locales cuando no alcanzan el 3% en elecciones de diputaciones de mayoría relativa.
A pesar de estas sanciones locales, los tres partidos conservarán su registro nacional ante el Instituto Nacional Electoral, ya que su estatus como fuerzas políticas nacionales no depende de una sola elección estatal. La situación es diferente para el partido local México Avante, que con 0.57% de la votación podría perder definitivamente su registro estatal.
El caso del PAN resulta particularmente llamativo, considerando que en 2023 participó exitosamente en la coalición PRI-PAN-PRD que ganó todos los distritos locales. La decisión de competir en solitario tras la ruptura con el PRI dejó a Acción Nacional sin el respaldo aliancista que había garantizado su presencia legislativa local en procesos anteriores.
La alianza Morena-PT se posicionó como segunda fuerza con cerca del 26% de los votos, aunque a considerable distancia del bloque ganador. Los resultados definitivos dependerán de los cómputos oficiales y las eventuales impugnaciones que puedan presentar los partidos afectados ante las autoridades electorales correspondientes.
