La familia Guzmán Franco denunció públicamente las irregularidades y presuntas violaciones a los derechos humanos que han enfrentado en el sistema de justicia de Nayarit, luego de que un juez negara nuevamente la libertad bajo fianza a cuatro de sus miembros, quienes permanecen en prisión por presuntos delitos relacionados con despojo de tierras en Rincón de Guayabitos.
El abogado Alejandro Fernández, quien representa a la familia, explicó que el pasado 10 de mayo se celebró una audiencia donde esperaban obtener la libertad de los detenidos gracias a un amparo que ordenaba al juez corregir sus resoluciones previas por contener "falacias de petición de principio". Sin embargo, el juzgador mantuvo su decisión utilizando argumentos que el defensor califica como discriminatorios y carentes de sustento legal.
Según la denuncia pública, el juez consideró como "factores de riesgo" situaciones tan comunes como ser madre soltera en el caso de Almaluz Guzmán, tener ingresos considerables por ser comerciante, estudiar en Puerto Vallarta residiendo en Bucerías como el joven Giancarlo, dedicarse a la venta ambulante de hamburguesas como Luis Antonio, o trabajar en la construcción como albañil en el caso de Rubén. Estos criterios, según el abogado, ponen en riesgo a miles de ciudadanos nayaritas.
La familia sostiene que el proceso judicial forma parte de un despojo de tierras orquestado por el gobierno estatal en connivencia con el Fideicomiso de Bahía de Banderas (FIBBA). Denuncian que las autoridades ingresaron sin orden judicial a su domicilio familiar, donde han vivido durante generaciones amparados en un decreto de expropiación que les permite mantener la posesión del inmueble ubicado en la zona costera de Nayarit.
El representante legal advirtió que la decisión judicial representa un riesgo para todos los ciudadanos, ya que bajo los criterios del juzgador, "todas las madres solteras, comerciantes exitosos, estudiantes de Puerto Vallarta, vendedores ambulantes y albañiles están en peligro de ir a prisión" si se ven involucrados en un proceso penal. Calificó la actuación como una "simulación del sistema de justicia" donde la Fiscalía y el Gobierno estatal ejercen influencia sobre el Poder Judicial.
La familia Guzmán Franco hizo un llamado urgente a la ciudadanía nayarita y a las autoridades federales para visibilizar su caso, solicitando la intervención de la Presidencia de la República y organismos de derechos humanos. Aseguran tener las pruebas necesarias para demostrar su inocencia, pero denuncian que las autoridades locales impiden que puedan ejercer su derecho a enfrentar el proceso en libertad. El caso continuará en las instancias federales a través del juicio de amparo.
