El fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y el administrador de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), Terrance C. Cole, anunciaron este miércoles la apertura de una acusación formal contra Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y otros nueve actuales y exfuncionarios del estado mexicano. El expediente fue turnado a la jueza federal Katherine Polk Failla y representa la acción legal más directa que Washington ha emprendido hasta ahora contra un gobernador en funciones de México.
Según el documento judicial, los acusados habrían colaborado con la facción de los "Chapitos", encabezada por los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera, para traficar grandes cantidades de drogas hacia territorio estadounidense. La investigación señala que Rocha Moya resultó electo gobernador en 2021 después de que la organización criminal secuestró e intimidó a sus rivales políticos; a cambio, el mandatario presuntamente prometió protección a los líderes del cártel y les permitió operar con impunidad en Sinaloa.
Entre los once acusados también figuran Enrique Inzunza Cázarez, Enrique Díaz Vega, Dámaso Castro Zaavedra, Marco Antonio Almanza Avilés y Juan Valenzuela Millán, alias "Juanito", quien además enfrenta cargos adicionales por su presunta participación en el secuestro y asesinato de un informante de la DEA y de un familiar de éste. Los delitos imputados al grupo abarcan narcotráfico, tráfico de armas y homicidios.
La acusación formal llega semanas después de que el diario Los Angeles Times, en colaboración con el periodista Steve Fisher, reveló que Estados Unidos había retirado la visa al gobernador Rocha Moya desde el año pasado. El reporte anticipaba que Washington estaba preparado para revelar más nombres de funcionarios mexicanos vinculados al crimen organizado, en una estrategia que trasciende la simple revocación de visados.
El caso reactiva además la controversia en torno a la captura de Ismael "El Mayo" Zambada en julio de 2024. Investigaciones periodísticas y audios citados por el periodista Ricardo Ravelo señalan que Rocha Moya habría coordinado una cita en Culiacán que derivó en la entrega del capo a las autoridades estadounidenses, actuando bajo instrucciones de los propios Chapitos. Fuentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de EU habían señalado previamente que no existían registros de que el gobernador hubiera ingresado a Estados Unidos en la fecha que él mismo afirmó.
La acusación pone en una situación políticamente delicada al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y al partido Morena, al que pertenece Rocha Moya. Nayarit, como estado vecino y parte del noroeste mexicano en el que el Cártel de Sinaloa ha tenido histórica presencia e influencia, observa de cerca el desarrollo de este caso, cuyo desenlace podría marcar un precedente en la relación entre México y Estados Unidos en materia de combate al narcotráfico y responsabilidad política.
