Trump considera desclasificar documentos secretos del 11-S

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que evalúa la posibilidad de desclasificar documentos gubernamentales relacionados con los atentados del 11 de septiembre de 2001, en respuesta a una solicitud formal presentada por familiares de las víctimas de aquella tragedia. La declaración fue dada a conocer en los últimos días desde Washington, generando expectativa tanto en círculos políticos como entre organizaciones de derechos humanos.

Durante años, agrupaciones integradas por familiares de las casi tres mil víctimas del ataque a las Torres Gemelas y al Pentágono han exigido acceso a expedientes clasificados que, según sospechan, podrían revelar vínculos entre los perpetradores y funcionarios de gobiernos extranjeros. Estas solicitudes han sido sistemáticamente frenadas o parcialmente atendidas por administraciones anteriores, argumentando razones de seguridad nacional.

La postura de Trump marca un posible punto de inflexión en una disputa legal y política que se ha prolongado por más de dos décadas. El mandatario, conocido por adoptar decisiones que desafían convenciones institucionales, no precisó un calendario específico para la desclasificación, aunque sus declaraciones fueron interpretadas como una señal política favorable a la demanda de los deudos. Analistas en Washington advierten que cualquier revelación podría tener repercusiones diplomáticas significativas.

Entre los documentos más sensibles que las familias reclaman figuran expedientes del FBI que presuntamente documentan contactos entre algunos de los secuestradores y ciudadanos saudíes con vínculos oficiales. El gobierno de Arabia Saudita ha negado de manera reiterada cualquier implicación estatal en los ataques. La posible divulgación de esta información reavivaría un debate geopolítico de enorme trascendencia para las relaciones entre ambas naciones.

La decisión final sobre la desclasificación dependerá de evaluaciones realizadas por agencias de inteligencia como la CIA y el propio Departamento de Justicia, quienes determinarán qué información puede hacerse pública sin comprometer operaciones en curso o alianzas estratégicas. Los grupos de víctimas han manifestado que continuarán su presión independientemente del resultado, pues consideran que la transparencia es un derecho inalienable tras más de veinte años de incertidumbre.