Maru Campos se niega a declarar como testigo ante FGR por operativo con agentes de EU

La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, se presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) pero se negó categóricamente a ser entrevistada en calidad de testigo en la investigación relacionada con la presencia de agentes estadounidenses en un operativo estatal.

La mandataria panista acudió para cumplir formalmente con el citatorio emitido por el ministerio público Julio César Jaimes Carmona, sin embargo, calificó la convocatoria como "incongruente y carente de la debida fundamentación y motivación". Campos firmó un oficio donde expresamente rechazó colaborar bajo los términos establecidos por la fiscalía.

"No comparezco para rendir entrevista en calidad de testigo ni para sujetarme a acto de investigación alguno. Acudo para responder a un oficio que contiene un citatorio ambiguo, internamente incongruente y carente de la debida fundamentación y motivación", estableció la gobernadora de Chihuahua en el documento oficial.

Campos argumentó que mantiene disposición para colaborar con las autoridades federales, "pero no como un sometimiento, fáctico o legal". La funcionaria estatal se mostró dispuesta a responder solicitudes de información que se envíen formalmente al gobierno de Chihuahua, pero bajo un marco jurídico diferente al propuesto por la FGR.

La mandataria cuestionó la legalidad del procedimiento, señalando que la ley en la materia no otorga atribuciones a la Fiscalía para citar a gobernadores y gobernadoras. Además, criticó que el citatorio no precisara claramente el objeto de la diligencia y careciera de la fundamentación jurídica adecuada para este tipo de procedimientos.

Uno de los puntos más controvertidos de su argumentación fue la confusión entre su calidad de testigo e imputada. Campos señaló que el Código Nacional reconoce que los testigos no están obligados a declarar sobre hechos que puedan generar responsabilidad penal, criticando que la citación mezclara ambos regímenes legales y pusiera en riesgo tanto su esfera jurídica personal como las garantías institucionales de su cargo.