Organizaciones feministas en Jalisco presentaron una denuncia pública contra la utilización de fondos estatales para la realización de un congreso dedicado a estudios sobre masculinidades, generando una controversia sobre la asignación de presupuestos públicos en materia de género. El evento, desarrollado en territorio jalisciense, ha provocado cuestionamientos sobre la coherencia de las políticas de equidad de género impulsadas desde la administración estatal. Las activistas argumentan que la inversión de recursos públicos en este tipo de iniciativas representa un desvío de fondos que podrían destinarse a programas de prevención de violencia contra las mujeres y atención a víctimas.
Los grupos denunciantes señalaron que el congreso de masculinidades fue financiado con presupuesto público, lo que a su juicio contradice los compromisos adquiridos por el gobierno jalisciense en materia de derechos de las mujeres y políticas feministas. Aunque las autoridades estatales no han emitido comunicados oficiales sobre el financiamiento específico del evento, los registros disponibles indican que instituciones públicas participaron en su organización. Las feministas cuestionaron particularmente la legitimidad de invertir en programas sobre masculinidades cuando persisten rezagos significativos en la atención de feminicidios y violencia intrafamiliar en la región.
Jalisco registra cifras preocupantes en violencia de género, con cientos de casos de feminicidio en los últimos años, según reportes de organizaciones de derechos humanos. En este contexto, la decisión de asignar recursos públicos a un congreso sobre masculinidades ha generado rechazo entre activistas que demandan una reorientación de los gastos hacia políticas de protección y prevención. Las organizaciones feministas han hecho un llamado a la transparencia presupuestaria y a que los funcionarios justifiquen públicamente la asignación de fondos a iniciativas de esta índole, especialmente cuando existen brechas importantes en servicios de atención a mujeres víctimas de violencia.
Los estudios de masculinidades, aunque respaldados académicamente en algunas instituciones, representan un área de investigación que ha dividido opiniones en espacios feministas. Mientras algunos especialistas argumentan que comprender nuevas masculinidades es fundamental para deconstruir patrones violentos, las activistas jaliscienses consideran que el financiamiento público debería priorizar medidas de emergencia ante la crisis de violencia de género. Este desacuerdo refleja una tensión más amplia en debates sobre cómo invertir recursos limitados en políticas de género. Las denunciantes exigieron que se publique el desglose completo del presupuesto destinado al evento y que se abra un diálogo con organizaciones feministas sobre las prioridades en gasto público relacionado con género.
Las próximas semanas definirán si las autoridades jaliscienses responderán con claridad sobre el financiamiento y si habrá replanteamientos en la asignación de fondos. Mientras tanto, grupos feministas han convocado a seguimiento de estos cuestionamientos a través de solicitudes de información pública y posibles presentaciones ante instancias de transparencia. El debate generado por esta denuncia podría establecer un precedente sobre qué tipo de iniciativas merecen financiamiento estatal en el contexto de las políticas de género en Jalisco.
