La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) confirmó la noche del 29 de abril de 2026 la detención de Erika María Guadalupe Herrera Coriand, de 63 años, señalada como la presunta responsable del feminicidio de su nuera, Carolina Flores Gómez, exreina de belleza de 27 años, asesinada el 15 de abril al interior de un departamento en la colonia Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo.
La captura se logró gracias a la coordinación entre autoridades mexicanas, la Interpol y las autoridades de la República Bolivariana de Venezuela. De acuerdo con la información oficial, Erika María huyó de México al día siguiente del crimen, el 16 de abril, ingresando a Venezuela vía Panamá. Fue detenida inicialmente el 24 de abril por el delito de resistencia a la autoridad en la ciudad de Caracas, antes de que las gestiones formales de extradición se formalizaran.
El caso conmocionó al país desde el momento en que un video captado por las cámaras de seguridad del propio departamento fue difundido en redes sociales. Las imágenes muestran a la acusada acercándose a la víctima, discutiendo brevemente con ella y disparándole en múltiples ocasiones. Los dictámenes periciales de la FGJCDMX confirmaron que el cuerpo de Carolina Flores presentó 12 lesiones por proyectil de arma de fuego, seis en el cráneo y seis en el tórax, producidas con una pistola calibre nueve milímetros.
Carolina Flores Gómez era originaria de Baja California y había sido coronada como Miss Teen Universe Baja California 2017. Tras su carrera como reina de belleza, se había dedicado al modelaje y residía en el departamento de lujo en Polanco donde ocurrió el crimen. La orden de aprehensión contra Erika María fue girada el 17 de abril de 2026 por un juez de control capitalino, apenas 24 horas después de que el esposo de la víctima —hijo de la imputada— presentó la denuncia formal.
La FGJCDMX señaló que Erika María Herrera Coriand permanece bajo custodia venezolana mientras las autoridades mexicanas realizan las gestiones necesarias para formalizar su extradición a México, donde enfrentará cargos por feminicidio. El proceso deberá seguir el cauce legal bilateral establecido entre ambos países, lo que podría extenderse por semanas o incluso meses dependiendo de los plazos administrativos y jurídicos.
El caso reavivó el debate sobre la violencia feminicida en México, especialmente cuando ocurre en el núcleo familiar y en zonas consideradas de alta seguridad como Polanco. Organizaciones de defensa de derechos de las mujeres señalaron la paradoja de que el crimen fue cometido por una familiar directa de la víctima, un patrón que se repite con alarmante frecuencia en los registros de feminicidio en el país.
