La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha puesto sus ojos en el estado de Nayarit, revelando una serie de irregularidades que han posicionado a la entidad en el primer lugar nacional en términos de problemas financieros heredados del gobierno anterior. Las investigaciones se centran en el manejo del Recurso U080 y en las plazas federales correspondientes al año 2021.
El hallazgo de diversas incongruencias en la distribución de personal y el manejo de recursos ha llevado a la ASF a investigar a fondo. Se ha descubierto que hay empleados que están ocupando cargos en niveles que no les corresponden, lo que ha generado una serie de deficiencias en la administración de fondos y la asignación de plazas.
El monto de estas irregularidades ha sido calculado en más de mil 600 millones de pesos, una cifra impactante que refleja la magnitud de los problemas financieros heredados. Uno de los aspectos más preocupantes es que estas observaciones han posicionado a Nayarit en el primer lugar a nivel nacional en términos de irregularidades gubernamentales.
La noticia llegó a través de Certeza Política, un medio de comunicación local que ha realizado investigaciones en profundidad sobre el tema. La ASF solicitó realizar un pase de lista para verificar la presencia de los empleados en cuestión, y la sorpresa fue mayúscula cuando se descubrió que muchos de los trabajadores no eran reconocidos por sus superiores, incluyendo directores de escuelas.
Las irregularidades no se limitan a un solo nivel educativo. La revisión de plazas y recursos abarca toda la educación básica, desde niveles de preescolar hasta telesecundaria. La gravedad del problema es evidente cuando se considera que incluso los directores no pudieron identificar a varios trabajadores que supuestamente laboraron durante todo el año 2022.
En abril de este año, el Gobernador del estado, Miguel Ángel Navarro, junto con su equipo financiero, se presentaron ante la ASF para abordar estas irregularidades que datan del gobierno anterior. La magnitud del monto involucrado en estas irregularidades es considerable, lo que ha llevado a la entidad a buscar soluciones a esta situación crítica.
El resultado de esta auditoría en el sector educativo podría tener amplias implicaciones políticas y administrativas para el gobierno actual. Se espera que se tomen acciones concretas para corregir estas irregularidades y establecer medidas que eviten su repetición. La intervención de la federación en este asunto es una posibilidad que no puede ser descartada.
