Los senadores estadounidenses John Cornyn y Jacky Rosen presentaron una iniciativa bipartidista para combatir el robo y contrabando de combustible atribuido a organizaciones criminales en México, actividad que se ha convertido en una fuente relevante de financiamiento para los cárteles.
La propuesta, denominada "Stop Fueling Cartel Violence Act", obligaría al Departamento de Defensa de Estados Unidos a entregar un informe detallado al Congreso sobre las acciones emprendidas para frenar el contrabando de hidrocarburos vinculado al crimen organizado transnacional.
Según el documento, organizaciones como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel de Sinaloa, el Cártel del Golfo y el Cártel del Noreste han desarrollado operaciones a gran escala para robar combustible de Petróleos Mexicanos (Pemex). Durante 2024, fueron robados aproximadamente 987 millones de litros de combustible, casi el triple del volumen reportado en 2019.
La iniciativa señala que estas redes criminales recurren al soborno de empleados de Pemex, perforan ductos clandestinamente, asaltan refinerías y secuestran camiones cisterna. El Departamento del Tesoro ha reportado que el gobierno mexicano ha sufrido pérdidas de miles de millones de dólares, mientras que análisis independientes estiman que el contrabando priva a México de aproximadamente 24 millones de dólares diarios en ingresos fiscales.
El proyecto establece que entre 16% y 27% del consumo anual total de combustible en México proviene de fuentes ilegales. Los cárteles emplean intermediarios para contrabandear petróleo crudo robado a través de la frontera suroeste de Estados Unidos, etiquetando falsamente los cargamentos como "aceite de desecho".
La senadora Rosen sostuvo que el robo de combustible "se ha convertido en la principal fuente de ingresos no provenientes del narcotráfico para los cárteles", mientras que Cornyn afirmó que los grupos criminales desarrollan métodos "cada vez más sofisticados" para financiar actividades como narcotráfico y trata de personas.
