Nayarit apuesta por el turismo de montaña como motor de desarrollo regional

El gobierno de Nayarit ha puesto la mirada en las regiones montañosas del estado como espacios de desarrollo territorial y cohesión social, en un esfuerzo por diversificar las políticas públicas más allá de los corredores costeros que históricamente han concentrado la atención institucional. Las autoridades estatales han señalado que la Sierra Madre Occidental alberga comunidades con alto potencial de integración a proyectos de desarrollo sustentable. Esta reorientación forma parte de la agenda de la administración encabezada por el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero, quien ha insistido en reducir las brechas entre zonas urbanas y rurales.

Desde la Secretaría de Turismo de Nayarit, funcionarios han impulsado la visibilización de municipios serranos como Huajicori, El Nayar y zonas limítrofes con Durango y Zacatecas, territorios que han permanecido al margen de los grandes planes de inversión turística. El discurso oficial plantea que estas regiones poseen atractivos naturales y culturales únicos que pueden convertirse en palanca para el desarrollo comunitario. Sin embargo, organizaciones civiles y líderes indígenas han demandado que cualquier política pública en esas zonas respete la autonomía de los pueblos originarios.

En el ámbito legislativo, el Congreso del Estado de Nayarit ha recibido iniciativas orientadas a crear fondos especiales para la infraestructura de acceso en municipios de difícil conectividad. Los legisladores debaten si estos recursos deben canalizarse a través de los ayuntamientos o de organismos estatales, lo que ha generado tensiones entre los bloques parlamentarios. La discusión evidencia las pugnas políticas entre el partido en el poder, Morena, y las fuerzas de oposición sobre el control presupuestal de proyectos regionales.

Comunidades indígenas de la etnia Wixáritari —conocidos también como huicholes— han expresado cautela ante los planes gubernamentales, exigiendo consulta previa, libre e informada conforme a los estándares del Convenio 169 de la OIT. Representantes de estas comunidades han señalado que en el pasado, proyectos similares derivaron en conflictos por la tenencia de la tierra y el acceso a recursos naturales. La posición de los pueblos originarios se ha convertido en un factor político determinante para la viabilidad de las iniciativas en la región serrana.

El debate sobre el futuro de las montañas nayaritas pone en el centro una pregunta política estructural: quién decide y quién se beneficia del desarrollo en los territorios más alejados del poder central. Con elecciones municipales en el horizonte, diversos actores políticos han comenzado a disputarse la narrativa sobre la Sierra de Nayarit, convirtiendo la agenda de desarrollo regional en un terreno electoral. La ciudadanía de esas zonas, históricamente relegada, observa con expectativa —y con escepticismo— si esta vez las promesas institucionales se traducirán en acciones concretas.