A seis meses del atentado contra Erik Saracho, no hay avances públicos

A seis meses del atentado contra Erik E. Saracho Aguilar, no hay avances públicos sobre los responsables del intento de homicidio ocurrido el 11 de marzo de 2026 en San Pancho, Nayarit. La carpeta de investigación por Asesinato Calificado en Grado de Tentativa (RH/01157/2026) sigue en la Fiscalía de Nayarit con poco avance y sin que se haya localizado a los autores materiales ni intelectuales.

Saracho, director desde 2008 de Alianza Jaguar, A.C., fue atacado tras enfrentar intereses económicos vinculados al sector inmobiliario en la costa sur de Nayarit y norte de Jalisco. Su trabajo se centra en la conservación del jaguar y su hábitat, buscando el equilibrio ecológico y socioambiental en la región de Bahía de Banderas y Puerto Vallarta, zona conurbada con intenso crecimiento turístico.

El defensor ambiental forma parte de RedMAS Nayarit y su contraparte en Jalisco, redes que trabajan en iniciativas de protección ambiental y construcción de capacidades ciudadanas en esta región designada como polo de desarrollo. Desde hace más de 20 años, Saracho ha sido vigilante y crítico de los procesos inmobiliarios depredadores, lo que le ha valido campañas de desprestigio, estigmatización y demandas legales intimidatorias.

Desde 2018 enfrenta una Demanda Legal Estratégica contra la Participación Pública (SLAPP, por sus siglas en inglés) que mantiene congeladas sus cuentas bancarias y le impone una ley mordaza junto con otros cuatro defensores ambientales. Esta demanda civil busca una compensación estimada en millones de pesos por supuesto daño moral y económico, en un procedimiento que busca desgastar y sentenciar a los activistas.

Organizaciones civiles que suscriben un comunicado reiteran su solicitud a la Secretaría de Gobernación para que brinde apoyo a fin de que la Fiscalía General de la República atraiga el caso. Las peticiones concretas incluyen garantizar el acceso a la justicia mediante un debido proceso, implementar medidas de protección adecuadas para el defensor y reforzar la inspección y vigilancia de obras turísticas e inmobiliarias en Riviera Nayarit.

Los firmantes también exigen que se implemente y armonice el Artículo 9 del Acuerdo de Escazú para la protección de las personas defensoras ambientales en la legislación mexicana, con énfasis en los ambientes costeros bajo presión inmobiliaria. El caso Saracho debe servir como referente de la respuesta del Estado mexicano frente a agresiones contra activistas ambientales, en un contexto donde las historias de violencia se acumulan sin respuestas contundentes de las autoridades.