La licencia de construcción municipal expedida por la Dirección de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Bahía de Banderas en abril de 2025 para el desarrollo inmobiliario conocido como "Montage", ubicado en Playa Las Cocinas, Punta de Mita, Nayarit, fue tramitada con base en una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) que la Semarnat autorizó el 21 de diciembre de 2009, es decir, un documento con 17 años de antigüedad al momento de su presentación. Reveló el medio de comunicación "VALLARTA HOY".
El hallazgo fue dado a conocer por el portal Vallarta Hoy y confirmado por otros medios regionales, y enciende una nueva polémica en torno a un proyecto que ya enfrenta resistencia ciudadana, señalamientos ambientales y la intervención de autoridades federales. La empresa detrás del desarrollo es Cantiles de Mita S.A. de C.V., perteneciente al Grupo DINE, con una inversión declarada de aproximadamente 10 mil millones de pesos.
El uso de una MIA de hace casi dos décadas es considerado por expertos y activistas como insuficiente para validar obras actuales en un entorno costero que ha cambiado drásticamente. Organizaciones ambientalistas y el Comité Puntamitense señalan que la zona registró un retroceso de playa de entre 12 y 31 metros desde 2007, lo que implica que las condiciones del ecosistema ya no corresponden a las evaluadas en aquel estudio.
Pese a la existencia de esta licencia municipal, la Dirección de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Bahía de Banderas había confirmado previamente que no existe ningún permiso de construcción para la zona de playa, lo que genera una contradicción jurídica que las autoridades no han aclarado públicamente. Reportes periodísticos documentan que la obra avanza ya con un 70% de avance aproximado, incluyendo fincas en obra negra, nivelación de terreno y la construcción de un muro dentro de la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT), a menos de ocho metros de la marea baja, lo que viola directamente la normatividad ambiental federal.
El título de concesión federal otorgado en 2004 a Cantiles de Mita por la Semarnat establece explícitamente que el uso autorizado es únicamente de "protección" del litoral, sin autorizar construcciones permanentes, infraestructura ni actividades comerciales. Esa concesión fue prorrogada en junio de 2025 bajo las mismas condiciones hasta 2034, y cubre una superficie de 52,166 metros cuadrados en Punta de Mita.
La polémica detonó a nivel nacional a finales de abril de 2026, cuando decenas de pobladores de Punta de Mita marcharon exigiendo que la playa sea declarada de acceso público y que se detenga la obra. Tres manifestantes fueron detenidos y posteriormente liberados en medio de señalamientos de represión. La Secretaría de Gobernación intervino para garantizar el acceso público a la playa y anunció mesas de trabajo con la Semarnat, la Profepa, el gobierno de Nayarit y los actores involucrados. La comunidad teme que la construcción de estructuras costeras privatice de facto el acceso a la playa, convirtiéndola en uso exclusivo de huéspedes de los hoteles de lujo proyectados.
