Gobierno de Jalisco pacta blindar con más seguridad a comunidades wixárikas
Autoridades estatales y federales acuerdan estrategias conjuntas para proteger a los pueblos indígenas wixárikas.

Autoridades del gobierno de Jalisco y representantes de instancias federales acordaron reforzar los esquemas de seguridad destinados a las comunidades wixárikas del estado, en medio de una creciente preocupación por la vulnerabilidad que enfrentan estos pueblos indígenas ante la presencia del crimen organizado en su territorio.
El acuerdo contempla la coordinación entre corporaciones policiales estatales y fuerzas federales para incrementar la presencia institucional en las zonas serranas donde se asientan las comunidades wixárikas, ubicadas principalmente en la región norte de Jalisco, colindante con los estados de Nayarit y Durango. Las autoridades coincidieron en que la protección de estos territorios es una prioridad de la agenda pública.
Desde hace varios años, los pueblos wixárikas han denunciado intimidaciones y amenazas por parte de grupos delictivos que buscan el control de sus tierras y rutas de tráfico. Estas presiones han obligado a familias enteras a desplazarse de sus comunidades de origen, situación que organismos de derechos humanos han calificado como una crisis humanitaria con dimensiones políticas urgentes de atender.
En el marco de las negociaciones, se planteó también fortalecer los mecanismos de diálogo entre el gobierno estatal y las autoridades tradicionales wixárikas, con el fin de diseñar estrategias de seguridad que respeten los usos, costumbres y la autonomía de estos pueblos. La participación de las propias comunidades en la toma de decisiones fue señalada como un elemento indispensable para garantizar la efectividad de cualquier medida.
El Congreso de Jalisco y organizaciones de la sociedad civil han exigido en reiteradas ocasiones que el Estado asuma una postura más firme en la defensa de los derechos territoriales de los pueblos indígenas. Con este acuerdo, el gobierno jalisciense busca dar una respuesta institucional concreta, aunque aún resta definir los plazos, recursos y responsables específicos de cada acción comprometida.






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