El conflicto por las obras del desarrollo Montage Pendry en Playa Las Cocinas entró en una nueva fase tras darse a conocer un comunicado de avances entre ciudadanos, autoridades y el Grupo DINE-Montage. La empresa se comprometió a modificar el proyecto, reajustándolo cinco metros hacia adentro del desarrollo respecto al enrocamiento construido frente al mar.
De acuerdo con el documento del Comité Participativo Punta Mitense, la empresa elaborará dos renders para socializar con la comunidad la modificación propuesta, que consiste en remover y reajustar el proyecto cinco metros hacia el interior. La presentación se realizará la próxima semana en fecha por confirmar, donde el pueblo podrá analizar y en su caso aprobar la propuesta.
Sin embargo, para habitantes y defensores de la playa pública, la propuesta no resuelve el fondo del problema: la exigencia de conservar una franja de 20 metros de Zona Federal Marítimo Terrestre que la ley reconoce como transitable y contigua a la playa. El artículo 119 de la Ley General de Bienes Nacionales establece que el acceso a las playas no debe ser inhibido, restringido u obstaculizado.
El gobernador Miguel Ángel Navarro ordenó retirar a decenas de elementos de la Policía Estatal que resguardaban la playa, donde se detuvieron temporalmente los trabajos con maquinaria pesada. El mandatario morenista tomó la decisión tras reunirse con pobladores y opositores a la privatización de Las Cocinas, así como autoridades federales y estatales.
Entre los compromisos adicionales destaca que el Ayuntamiento de Bahía de Banderas presentará un proyecto de rehabilitación y la empresa generará un acceso digno a la playa. También iniciará mañana el proceso de rehabilitación del pozo de agua de Fonatur, con la participación del Ing. Gerardo Leiva de Conagua y el Ing. Eulalio Ortiz de CEA.
Los pobladores convocaron a una junta general en la plaza pública de Punta de Mita para informar sobre las propuestas y decidir el siguiente paso. Grupos vecinales mantienen su postura de que la rehabilitación de infraestructura no puede operar como compensación frente a la inconformidad por la playa, ya que el agua es un derecho humano, no una moneda de cambio para aceptar una obra privada en el litoral.
