CEDHJ reconoce ante el Congreso uso excesivo de la fuerza contra manifestantes de la marcha del agua en Casa Jalisco, pero descarta tortura; diputados reprochan informe incompleto

La CEDHJ admitió ante el Congreso de Jalisco uso excesivo de la fuerza en la marcha del agua del 11 de octubre, pero descartó tortura; diputados la cuestionan.

Sala de comisiones legislativa vacía con micrófonos, pilas de expedientes con separadores de colores y un vaso de agua sobre la mesa
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Redacción
21 de noviembre de 2026 · 08:06 p.m. · 4 min de lectura
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La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), Luz del Carmen Godínez González, reconoció ante diputados locales que durante las detenciones de la manifestación por el derecho al agua limpia del 11 de octubre, frente a Casa Jalisco, en Guadalajara, hubo uso excesivo de la fuerza, lesiones y rompimiento de protocolos, aunque sostuvo que el organismo no documentó elementos para acreditar tortura ni tratos crueles o inhumanos contra las 39 personas detenidas. La comparecencia, realizada este jueves 20 de noviembre ante la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios del Congreso del Estado, terminó con reclamos de legisladores de casi todas las bancadas, que calificaron su informe como incompleto.

“En este informe no he negado que se violaron derechos humanos (…) hubo un uso excesivo de la fuerza al momento de la detención, hubo rompimiento a los protocolos, hubo lesiones, eso hubo”, dijo Godínez González, quien precisó que la calificación de esas violaciones corresponde ahora a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que atrajo el caso el 13 de octubre. Con ello, explicó, la CEDHJ quedó impedida para continuar las indagatorias o emitir recomendaciones, y remitió a la instancia nacional un expediente de 526 fojas, dos memorias USB y siete anexos, además de la documentación de las 25 quejas que recibió.

La ombudsperson justificó que no se solicitaran evaluaciones conforme al Protocolo de Estambul, el instrumento para documentar posibles actos de tortura, con el argumento de que ninguna de las 25 quejas denunció tortura de manera específica y que sus visitadores no identificaron elementos suficientes para presumirla mientras la Comisión tuvo competencia. También confirmó que las personas detenidas permanecieron en el exterior de Casa Jalisco antes de ser trasladadas a la Fiscalía del Estado, alrededor de las 16:00 horas, y que algunas presentaban lesiones visibles que requirieron atención médica.

De acuerdo con el boletín del Congreso de Jalisco, los diputados cuestionaron esas conclusiones por la existencia de videos y testimonios sobre presuntas agresiones, detenciones arbitrarias y retenciones dentro de las instalaciones de Casa Jalisco. El diputado del PT Leonardo Almaguer Castañeda consideró que el informe no refleja la totalidad de los hechos, mientras que la diputada de Futuro Tonantzin Elusay Cárdenas señaló que, frente a las 39 detenciones reportadas por la CEDHJ, organizaciones civiles contabilizaron 59 personas no localizadas, por lo que pidió aclarar las cifras. Su compañera de bancada, Mariana Casillas Guerrero, pidió identificar quién ordenó reprimir a los manifestantes.

El diputado de Hagamos Tonatiuh Bravo Padilla reprochó que la Comisión argumente estar imposibilitada para entregar información porque la CNDH atrajo el caso, y le pidió precisar si conserva copia íntegra del expediente, cuántas actas circunstanciadas levantó y qué evidencias documentó, además de comprometerse a entregar lo que requiere el Congreso. El panista César Madrigal Díaz calificó el informe de incompleto y señaló una contradicción entre descartar la tortura y, al mismo tiempo, reconocer un probable uso excesivo de la fuerza pública, por lo que pidió a la titular comprometerse a realizar los estudios del Protocolo de Estambul.

Las y los legisladores también expresaron preocupación por la independencia de la CEDHJ y pidieron explicar por qué el 11 de octubre se desplegaron 16 observadores y el 18 de octubre, en una segunda movilización, participaron 36 servidores públicos. La morenista María Candelaria Ochoa Ávalos cuestionó los criterios para determinar la existencia de tortura y uso excesivo de la fuerza, y consideró grave que se afirmara no haber observado irregularidades cuando hubo manifestantes incomunicados y con presuntas lesiones. El presidente de la comisión legislativa, el priista José Aurelio Fonseca Olivares, sostuvo que un organismo defensor de derechos humanos no debe limitarse a observar y documentar, sino procurar la protección efectiva de las personas.

Por parte de Movimiento Ciudadano, la diputada Monserrat Pérez Cisneros destacó que el derecho a la libre manifestación debe garantizarse y pidió conocer el seguimiento a las seis medidas cautelares emitidas y a las quejas por la movilización del 18 de octubre. El diputado Enrique Velázquez González señaló que el informe no responde a los requerimientos del Congreso sobre lo ocurrido en ambas fechas y cuestionó que la verificación de una posible tortura se delegue a la CNDH.

La protesta del 11 de octubre, convocada por la mala calidad del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara, terminó con 39 personas detenidas, de las cuales la Fiscalía liberó a 12 al día siguiente. Tras los hechos, el Congreso local citó a funcionarios del gabinete de seguridad y al fiscal del estado por la represión, y en su comparecencia el fiscal defendió los procesos contra los detenidos de la marcha del agua. La resolución sobre si hubo tortura u otras violaciones graves queda ahora en manos de la CNDH, mientras en la metrópoli continúan las protestas por el desabasto y los tandeos del SIAPA.

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