Fiscal de Jalisco admite omisiones en el Rancho Izaguirre y defiende procesos contra detenidos de la marcha del agua

El fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos, reconoció este jueves 12 de noviembre ante el Congreso del Estado que “desde luego que hubo omisiones” en el resguardo del Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, y aseguró que la Fiscalía Anticorrupción ya judicializó algunas carpetas de investigación por ese caso. En la misma comparecencia, dentro de la glosa del Segundo Informe de Gobierno, defendió que no se desista de los procesos contra las personas detenidas en la protesta por la mala calidad del agua del 11 de octubre en Guadalajara, mientras diputados de oposición reprobaron su segundo año de gestión.

Sobre el Rancho Izaguirre, el fiscal no ofreció cifras, pero detalló: “En cuanto al Rancho Izaguirre, tengo información de que ya fueron judicializadas algunas carpetas por parte de la Fiscalía Anticorrupción, se está a la espera, tengo entendido, de que se fijen las fechas para las imputaciones (…) desde luego que hubo omisiones, particularmente en lo que refiere respecto al resguardo debido del rancho y de las cosas que se encontraron”. El presidente de la Mesa Directiva, Enrique Velázquez, le preguntó si hubo una omisión en el registro del inmueble y señaló que es probable que no se preservaran adecuadamente los indicios del hallazgo, mientras que la priista Alondra Fausto recordó que ya pasaron dos años desde que el rancho fue desmantelado, en septiembre de 2024, y pidió cifras objetivas.

El otro tema que marcó la sesión fueron las detenciones durante la marcha por el agua del 11 de octubre. Al ser cuestionado sobre por qué la Fiscalía no se desiste de las acusaciones, González de los Santos respondió que la decisión se basó en la información entregada por los policías en el Informe Policial Homologado y que el Ministerio Público consideró que había elementos para ejercer la acción penal. “No nos ponemos en una decisión de ser o no responsables, esto lo tiene que determinar un juez”, afirmó, y añadió que se resuelve la situación de cada persona. La diputada Tonantzin Cárdenas le reprochó que perdiera la oportunidad de ofrecer una disculpa pública a las 39 personas detenidas: “Me parece sumamente aberrante y decepcionante que pierda la oportunidad de pedirle disculpas al pueblo de Jalisco”, dijo, al recordar que la semana pasada acudieron al Congreso quienes denunciaron haber sido torturadas y lesionadas. Ese operativo ya había llevado al Congreso a citar al Gabinete de Seguridad y a debatir la destitución del secretario de Seguridad, que no prosperó.

Los diputados Tonatiuh Bravo, Tonantzin Cárdenas, Leonardo Almaguer, Mariana Casillas y Alondra Fausto señalaron además la sobrecarga de trabajo en las agencias del Ministerio Público, que no se hayan detectado policías de investigación infiltrados por el crimen y que no se haya abierto ninguna carpeta contra elementos que incurrieron en abusos contra manifestantes. La morenista Itzul Barrera también preguntó por posibles infiltraciones de grupos criminales en la dependencia. Bravo advirtió un retroceso en las vinculaciones a proceso: “Pasamos de 9 mil 289 personas vinculadas en 2025, a 7 mil 324 personas en lo que va de este año y respecto de la meta de 2026, que era de 9 mil 465”. La diputada de Movimiento Ciudadano Adriana Medina expuso que en Jalisco una agencia del Ministerio Público resuelve en promedio entre 790 y 900 casos al año, frente a entre 95 y 175 asuntos que investiga una agencia en Estados Unidos.

En su defensa, el fiscal aseguró que Jalisco dejó el primer lugar nacional en rezago de carpetas de investigación, de acuerdo con datos del INEGI, para ubicarse ahora en el tercer sitio, tras reducir 31 por ciento ese indicador. También informó un aumento de 78 por ciento en cateos y de 15 por ciento en órdenes de aprehensión cumplimentadas. “Para nosotros dentro de las investigaciones, es de suma importancia aprovechar esta técnica de investigación legal que nos permite tener una carpeta más contundente”, explicó sobre los cateos.

En materia de personas desaparecidas, González de los Santos reconoció que las investigaciones son complejas y de alto tecnicismo, e informó que en este año suman entre 38 y 40 sentencias condenatorias por desaparición. También dijo que se sumaron 22 casos de feminicidio con personas detenidas. Días antes de la comparecencia, colectivos de búsqueda habían pedido que las familias estuvieran presentes en la glosa de la Fiscalía.

La comparecencia estaba citada a las 9:00 horas, pero tuvo que suspenderse en un primer momento porque no se reunió el quórum mínimo de 20 de los 38 legisladores. Velázquez calificó la inasistencia como “una falta de respeto a todo el Estado, al fiscal, a los ciudadanos”. La sesión arrancó finalmente pasadas las 10:00 horas y se prolongó cerca de tres horas. La glosa del Segundo Informe del gobernador Pablo Lemus Navarro comenzó el miércoles con el secretario General de Gobierno, Carlos Arias Madrid, y el secretario de Seguridad, Juan Pablo Hernández, y continuará hasta el 23 de noviembre con la comparecencia de otros secretarios de Estado y titulares de organismos descentralizados.