La mañana de este sábado 9 de mayo fue atacada a balazos una casa propiedad del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ubicada en la calle Lago de Cuitzeo, en la colonia Las Quintas de Culiacán. El inmueble, de tres pisos y pintado de blanco frente a un parque, presentó daños severos en la fachada, aunque no se reportaron personas lesionadas.
De acuerdo con testigos, un grupo armado llegó hasta el lugar y descargó rifles de alto poder en repetidas ocasiones contra la propiedad. Elementos de distintas corporaciones de seguridad respondieron a los llamados de emergencia para asegurar la zona, mientras personal de análisis pericial recogió los casquillos percutidos para iniciar la investigación correspondiente.
La casa fue adquirida por Rocha Moya en 1984 y fue su residencia familiar hasta que se mudó a una privada en la Isla Musala. El inmueble se encuentra deshabitado desde 2021, año en que el político de Morena ganó las elecciones y asumió la gubernatura de Sinaloa; según el medio local Debate, hasta entonces vivía ahí uno de sus hijos.
El ataque ocurre en un contexto de profunda crisis política en Sinaloa. El miércoles 29 de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Rocha Moya y a otras diez personas, entre ellas el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, de tener nexos con el crimen organizado, específicamente con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa, a quienes supuestamente el mandatario habría protegido a cambio de apoyo electoral y transferencias de dinero.
Ante las acusaciones, Rocha Moya solicitó licencia del cargo. El 2 de mayo, el Congreso local avaló la llegada de Yeraldine Bonilla como gobernadora interina. Desde entonces, el paradero del gobernador con licencia es desconocido; medios locales reportan que hace días salió de Culiacán acompañado de escoltas y con rumbo incierto, aunque se indica que cuenta con protección federal y está siendo investigado por la Fiscalía General de la República (FGR).
El escenario se da en medio de crecientes tensiones entre México y Estados Unidos en materia de seguridad. El presidente estadounidense Donald Trump ha declarado reiteradamente que en México el narcotráfico ejerce influencia sobre el poder político, y ha amenazado con acciones directas si la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no toma medidas contundentes. Las autoridades estadounidenses han calificado el caso de Rocha Moya como parte de su política de "tolerancia cero" frente a la narcopolítica en el país vecino.
