Ariadna Montiel, captada orientando a youtuber contra 'Alito' Moreno

Un video filtrado captó a Ariadna Montiel, secretaria de Bienestar, en una reunión en la que aparentemente da instrucciones al youtuber Manuel Pedrero para que dirija contenido crítico contra el dirigente nacional del PRI, Alejandro 'Alito' Moreno. La grabación, difundida por la revista Proceso, ha generado amplia controversia en el escenario político nacional durante los últimos días.

Las imágenes muestran a la funcionaria federal en aparente conversación con el creador de contenido digital, quien es conocido por publicar videos de corte político en sus plataformas. De acuerdo con el material audiovisual, Montiel habría delineado los ejes temáticos que Pedrero debería abordar en sus publicaciones en contra del polémico dirigente priista, lo que encendió el debate sobre el uso de recursos políticos para la generación de contenido mediático.

El caso pone sobre la mesa una práctica que diversos analistas y opositores han señalado recurrentemente: la instrumentalización de influencers y creadores digitales por parte de funcionarios públicos para orientar la narrativa política en redes sociales. Si los hechos captados en el video se confirman en su totalidad, Montiel podría enfrentar cuestionamientos sobre el límite entre su labor institucional y la operación político-partidista, materia regulada por la legislación electoral mexicana.

Desde las filas del PRI, la difusión del video fue recibida como una confirmación de lo que el partido ha denunciado en distintos momentos: una campaña orquestada desde el gobierno para debilitar a su dirigencia. Por su parte, 'Alito' Moreno ha sido figura central de polémicas internas y externas en los últimos meses, lo que convierte este episodio en un nuevo capítulo de las tensiones entre el oficialismo y el histórico partido tricolor.

Hasta el cierre de esta nota, ni la Secretaría de Bienestar ni el equipo de comunicación de Ariadna Montiel habían emitido un pronunciamiento oficial sobre el contenido del video. El caso mantiene expectante a la opinión pública y abre interrogantes sobre los mecanismos de comunicación política que operan en el actual gobierno federal, así como sobre la eventual responsabilidad legal de los involucrados.