Desde el 28 de abril, Colombia ha vivido una jornada de protestas y represión gubernamental, con un saldo de al menos 19 muertos y 87 desaparecidos, según medios internacionales. Pese al carácter pacífico de la mayoría de las protestas, el gobierno de Iván Duque ha desplegado fuerzas policiacas y militares, creando un clima de represión y violación de derechos humanos. Ante la convocatoria a una manifestación masiva el 5 de mayo, estas son algunas claves para entender la protestas que desató la reforma tributaria, junto a otros factores de la política en Colombia.

Uno de los principales factores de las protestas en Colombia fue la reforma tributaria, presentada en un documento llamado Ley de solidaridad sostenible, impulsada por el gobierno de Iván Duque. Dicha reforma se justificó aduciendo que era necesaria para aumentar la cobertura y garantizar el programa Ingreso solidario, creado para dar apoyo económico a hogares en condición de pobreza y vulnerabilidad económica. Sin embargo, dicha reforma tributaria buscaba aumentar los impuestos a la clase media, gravar la canasta familiar, afectando a los productos de primera necesidad y a los servicios públicos básicos. Con la reforma tributaria, también se verían afectados los servicios funerarios y otros hasta ahora exentos de impuestos.

Pese a la decisión del gobierno de Iván Duque, anunciada el 2 de mayo, de retirar la propuesta de reforma tributaria, las protestas en Colombia continuaron. Esto debido a factores como el creciente descontento por los efectos sociales de la pandemia de Covid-19, que ha causado un aumento en los niveles de pobreza y desempleo. También entran en juego otros factores de descontento social, como el incumplimiento de los acuerdos de paz entre el gobierno y las Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia – Ejército del pueblo (FARC-EP). Igualmente los asesinatos de líderes sociales y el retorno de las fumigaciones con glifosfato se consideran causa de las protestas sociales en el país, según analistas políticos internacionales.

Mientras tanto, organismos internacionales, como la Organización de las naciones unidas (ONU), a través de la Alta comisionada para los derechos humanos, han condenado la respuesta del gobierno de Iván Duque. En una nota de prensa del 4 de mayo, condenan que la policía abriera fuego contra los manifestantes la noche del 3 de mayo, matando e hiriendo a varias personas en Cali, donde han acontecido las mayores manifestaciones. En dicha nota también se denuncia acoso y amenazas de parte de las autoridades hacia las personas defensoras de derechos humanos.

Igualmente el grupo de hacktivistas Anonymous se ha manifestado contra la represión violenta de las protestas en Colombia. Diversos medios internacionales reportan que dicho grupo hackeó la página web del ejército colombiano y ha obtenido información de 168 cuentas distintas de miembros de las fuerzas armadas. "Hemos obtenido conversaciones entre altos funcionarios del gobierno colombiano donde piden generar miedo y crear falsas tendencias de que la ‘guerrilla’ está en las ciudades de Colombia", expresaron en la cuenta de Twitter de Anonymous Colombia.

Aunque la propuesta de reforma tributaria se ha retirado, al menos por ahora, el descontento social continúa en Colombia. Ante la amenaza de más represión policial por parte del gobierno de Iván Duque, es urgente una mayor presión de parte de organismos internacionales para asegurar el respeto de los derechos humanos de los manifestantes.

Duque convoca al diálogo

El Presidente Iván Duque Márquez convocó este martes al país a un espacio de diálogo “con todas las instituciones, los partidos políticos, el sector privado, gobernadores, alcaldes y líderes de la sociedad civil, motivados por el servicio a la ciudadanía”, con el fin de rechazar la violencia, acelerar la vacunación masiva y garantizar la continuidad de los programas sociales y la protección de los más vulnerables.

En una declaración a los colombianos, el Jefe de Estado indicó que su deber “es el de convocar al país para rechazar la violencia, promover y acelerar el Plan Nacional de Vacunación, alcanzar la reactivación, proteger a los más vulnerables, mantener sólidas las finanzas públicas y edificar un país que tenga como principio la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición”.

Para ello, añadió, “quiero anunciar que instalaremos un espacio para escuchar a la ciudadanía y construir soluciones, orientado a estos propósitos, en los cuales no deben mediar diferencias ideológicas sino nuestro más profundo patriotismo”.