Vinculan a proceso a exdirector de Desarrollo Urbano de Puerto Vallarta por la licencia de Isla 115; no podrá salir del país

El exdirector de Desarrollo Urbano de Puerto Vallarta, Juan Manuel “N”, fue vinculado a proceso en segunda instancia por su probable responsabilidad en los delitos de abuso de autoridad y desvío y aprovechamiento de facultades, por la presunta autorización ilícita de la licencia de construcción de un condominio de 46 departamentos del desarrollo inmobiliario Isla 115, informó la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Jalisco. El 9 de noviembre, un juez le impuso medidas cautelares que le impiden salir del país y ocupar cargos públicos durante seis meses.

De acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción, la licencia se otorgó sin que se cumplieran los requisitos legales para su expedición. El inmueble, un complejo de condominios ubicado en la calle Mike Lemus número 115, en la Zona Hotelera Norte de Puerto Vallarta, enfrenta diversos procesos legales, clausuras de la Profepa y órdenes judiciales sobre sus niveles de construcción. El exfuncionario es señalado directamente por el otorgamiento de los permisos de la obra cuando encabezaba la entonces Dirección de Planeación Urbana y Ecología.

La dependencia explicó que impugnó la resolución inicial que impedía continuar el proceso contra el exservidor público. Después, en cumplimiento de una ejecutoria de amparo, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco determinó su vinculación a proceso y ordenó seguir con las siguientes etapas del procedimiento.

En la audiencia, el órgano jurisdiccional concedió las medidas cautelares que pidió el Ministerio Público: Juan Manuel “N” deberá presentarse a firmar cada mes ante la Unidad de Medidas Cautelares, no podrá salir del país y tendrá que entregar su pasaporte en un plazo de tres días. Además, tiene prohibido acercarse a víctimas y testigos, salvo por medio de sus defensores, y deberá retirarse de inmediato si coincide con ellos en algún lugar; tampoco podrá desempeñar cargos en el servicio público. Las medidas estarán vigentes seis meses, y se fijó un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria.

Según una resolución judicial previa en el caso, difundida en septiembre pasado, la imputación se refiere a la licencia de construcción 5328/16, expedida el 11 de enero de 2017, durante el trienio del entonces presidente municipal Arturo Dávalos Peña. En ese documento se establece que la licencia se habría otorgado sin que antes se integraran cuatro dictámenes técnicos que eran requisito indispensable para autorizar el proyecto: el técnico-estructural, el de mecánica de suelos y cálculo estructural, el de ecología municipal y el de impacto de tránsito vehicular.

La misma resolución señala que el propio exdirector firmó el dictamen definitivo favorable del 19 de octubre de 2016, con el que autorizó la acción urbanística, y el oficio del 11 de enero de 2017 con el que se autorizó la ejecución de la obra. La investigación se reforzó con oficios del propio Ayuntamiento de 2023; en uno de ellos, firmado por la entonces directora de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Adriana Guzmán Jiménez, se informó que el expediente de la licencia solo tenía 62 fojas y cuatro planos, sin rastro de los cuatro dictámenes exigidos. En otro, de noviembre de 2023, se asentó que tampoco había registro de la memoria de cálculo ni de los planos estructurales.

El caso de Isla 115 cobró relevancia tras el sismo del 19 de septiembre de 2022, cuando el edificio fue desalojado de manera preventiva. En noviembre y diciembre de ese año, Protección Civil recomendó no ocuparlo hasta contar con un análisis estructural y planteó la necesidad de un proyecto integral de refuerzo. Desde entonces, el asunto ha seguido por distintas vías administrativas y judiciales, mientras propietarios de departamentos reclaman responsabilidades por las autorizaciones que se dieron para construirlo.

La Fiscalía Anticorrupción de Jalisco indicó que seguirá con la investigación y el seguimiento del proceso, e invitó a la ciudadanía a denunciar posibles actos de corrupción cometidos por servidores públicos.