Para protección y prevención del desplazamiento de personas, así como la penalización del mismo acto, el Congreso del Estado aprobó una serie de reformas durante la sesión ordinaria de este jueves.
A partir de ello, se castigará con 6 a 12 años de cárcel a quien provoque el abandono de residencia de otra persona o a un grupo de personas por situaciones de violencia.
Además, se crea, el Registro Estatal para Personas Desplazadas, un fondo presupuestal destinado a la causa y un programa estatal que atienda y vigile el fenómeno de desplazamiento en el estado y municipios.
Los diputados locales votaron a favor del dictamen por unanimidad de los presentes y desde tribuna, resaltaron la importancia y relevancia de llevar a cabo las reformas para dar protección y garantías a las víctimas de la violencia.
Para aplicar dicha ley, el Gobierno del Estado deberá crear una comisión intersecretarial que cree el programa de atención a los desplazados en un plazo no mayor a los 60 días de la publicación oficial de la ley.
La Secretaría de Administración y Finanzas deberá crear el Fondo Especial para la Atención y Protección de Personas Desplazadas en un plazo de 90 días y la Secretaria de Desarrollo Social, hará el registro de desplazados en 60 días.
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