Secretaría Anticorrupción reserva hasta 2028 caso de farmacéutica de senador Lomelí

Una nueva investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno determinó reservar por tres años más los detalles del expediente SAN/015/2019 contra la empresa Lomedic, propiedad del actual senador de Morena Carlos Lomelí Bolaños.

El Comité de Transparencia de la dependencia federal impidió el acceso público a las indagatorias sobre presuntas irregularidades en contratos públicos hasta el año 2028. Cabe recordar que en 2021 dicho expediente ya había sido reservado, por lo que su acceso continúa fuera del escrutinio público.

La investigación contra el actual presidente de la Comisión de Marina en el Senado se originó tras la publicación del reportaje "El emporio farmacéutico a la sombra del Superdelegado Lomelí" en 2019. Esta indagatoria documentó la existencia de una red de nueve empresas vinculadas a familiares y colaboradores directos del legislador morenista.

Entre los años 2012 y 2019, este grupo de compañías obtuvo contratos públicos por un monto superior a los 2 mil millones de pesos. Las firmas compartían socios, apoderados legales y domicilios fiscales en Zapopan, Jalisco, e incluso compitieron entre sí en diversas licitaciones públicas.

Aunque el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) anuló previamente multas contra Lomedic bajo el argumento de que Lomelí Bolaños ya no era socio en 2015, los registros oficiales presentan información contradictoria. En su declaración patrimonial de mayo de 2025, el legislador afirmó haber sido director general de la empresa desde febrero de 2012 hasta noviembre de 2021.

Desde julio de 2019, la entonces Secretaría de la Función Pública anunció la apertura de siete investigaciones contra el exdelegado del Bienestar en Jalisco por falsificar información en licitaciones. Tras estos señalamientos, Lomelí Bolaños renunció al cargo federal el 12 de julio de 2019, antes de ser inhabilitado temporalmente y multado por más de un millón de pesos. La nueva resolución garantiza que la información permanezca clasificada mientras el legislador se desempeña en la Cámara Alta.