SCJN avala reforma que respalda aeropuertos de la Defensa

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó este martes la reforma de 2023 a la Ley de Aeropuertos y a la Ley de Aviación Civil, que da sustento legal para que entidades paraestatales, como las que dependen de la Secretaría de la Defensa Nacional, administren aeropuertos y operen una aerolínea sin pasar por licitación.

La discusión partió del proyecto de la ministra Loretta Ortiz Ahlf en las acciones de inconstitucionalidad 121/2023 y 123/2023, promovidas por diputados y senadores de oposición de la LXV Legislatura contra el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de mayo de 2023. La reforma se aprobó en el Senado el 28 de abril de ese año en una sede alterna, en la sesión que la oposición llamó "viernes negro", y siguió vigente durante todo el juicio.

Qué permite la reforma

El decreto crea la figura de la asignación: la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes puede entregar títulos, sin licitación, a paraestatales federales para administrar, operar, explotar y, en su caso, construir aeropuertos, y para prestar el servicio público de transporte aéreo nacional regular.

Además, el artículo 29 de la Ley de Aeropuertos exceptúa a esas entidades del límite que impide a una aerolínea tener más de 5% de un concesionario aeroportuario. En la práctica, una misma entidad del Estado puede ser dueña de aeropuertos y de una aerolínea.

En el Congreso, la reforma pasó en la Cámara de Diputados con 256 votos a favor y 219 en contra, y en el Senado con 64 a favor, ninguno en contra y una abstención.

Los argumentos

Los legisladores que la impugnaron sostuvieron que hubo violaciones al proceso legislativo y que las asignaciones vulneran la igualdad y la libre competencia que protege el artículo 28 constitucional. Advirtieron riesgos de prácticas monopólicas, subsidios cruzados y trato preferencial de los aeropuertos de la Defensa hacia su aerolínea, y retomaron la opinión de la entonces Cofece, que en 2023 recomendó no aprobar la reforma. También alegaron que la administración de aeropuertos por militares violaba el artículo 129 de la Constitución.

El proyecto propuso declarar la acción parcialmente procedente pero infundada y reconocer la validez del decreto en lo general y, en particular, de los artículos 6, fracción III, 14 bis y 29 de la Ley de Aeropuertos, y 6, fracción II, y 10 bis de la Ley de Aviación Civil.

Sobre competencia, el documento plantea que el legislador puede elegir cómo proteger la libre concurrencia y que los riesgos citados por la oposición y la extinta Cofece "son meras posibilidades de que algo suceda (lo cual no es materia de control abstracto) mas no un vicio del que adolezcan propiamente las normas impugnadas".

Sobre el artículo 129, el proyecto señala que la ley habla de paraestatales en general, sin exigir que pertenezcan a la Defensa. Añade que, desde la reforma constitucional del 30 de septiembre de 2024, las autoridades militares en tiempo de paz pueden ejercer las funciones previstas "en esta Constitución y las leyes que de ella emanen", criterio que el Pleno ya aplicó el 19 de mayo de 2026, cuando validó por unanimidad las facultades de la Defensa para proteger el espacio aéreo.

Qué aeropuertos tienen las Fuerzas Armadas

La Defensa administra el AIFA y, mediante Grupo Mundo Maya, otros 12 aeropuertos: Chetumal, Tulum, Palenque, Campeche, Ciudad Ixtepec, Uruapan, Puebla, Nuevo Laredo, Ciudad Victoria, Nogales, Apodaca y Tamuín. También es dueña de Mexicana de Aviación, que tiene su base en el AIFA.

La Marina está a cargo del AICM a través del Grupo Aeroportuario Marina, que también administra los aeropuertos de Ciudad del Carmen, Ciudad Obregón, Guaymas, Loreto, Matamoros y Colima.

En Nayarit, el Aeropuerto Internacional de Tepic no está en manos militares: lo administra el Grupo Aeroportuario Turístico Mexicano, empresa de participación estatal mayoritaria cuya creación autorizó la SICT en 2023. El aeropuerto de Puerto Vallarta, el más cercano a la Riviera Nayarit, está en Jalisco y lo opera el Grupo Aeroportuario del Pacífico, empresa privada.