El desacato de las regidoras de Bahía de Banderas al Poder Judicial es un acto preocupante que pone en tela de juicio su responsabilidad como servidoras públicas. A pesar de haber jurado guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, han tomado una postura que favorece los intereses de una empresa de contratación público-privada, dejando de lado el bienestar de los ciudadanos y el cumplimiento de la ley.
La grabación pública del cabildo realizada el 29 de junio de 2023 es una prueba irrefutable del actuar de estas regidoras. Su voto a favor de reconocer una deuda millonaria con la empresa Impormex sin cumplir con los requisitos legales necesarios es preocupante y puede implicar la comisión de delitos y desvío de recursos.
Es importante destacar que el secretario del General del Ayuntamiento, Abad Jiménez, ha informado de la improcedencia de este acuerdo y ha defendido el cumplimiento de la legalidad. Su participación precisa y fundamentada ha sido objeto de ataques y acosos por parte de algunas regidoras que pretenden imponer su voluntad sobre las normas establecidas.
El desacato de estas regidoras pone en riesgo las finanzas del municipio y plantea interrogantes sobre la transparencia en el uso de los recursos públicos. La aprobación de un pago millonario sin debate ni discusión muestra una falta de responsabilidad y compromiso con los principios democráticos.
Es importante que el Síndico Julio Robles y la Presidenta Mirtha Villalvazo tomen acciones ante esta situación. Deben analizar cuidadosamente el desacato de los regidores y determinar las consecuencias legales que correspondan. Es necesario que se respete el estado de derecho y se garantice que los representantes del municipio actúen en beneficio de la comunidad y de acuerdo con la ley.
