La diputada Karen Michel González Márquez (PAN) presentó una iniciativa que reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para establecer que los tres niveles de gobierno tengan la obligación de garantizar a las niñas, a los niños y a los adolescentes una vida libre de todo tipo de exclusión, discriminación y violencia, particularmente violencia sexual y violencia de género.
“Para solucionar el problema del matrimonio infantil es necesario identificar los diversos factores que lo hacen posible. Si bien el origen de esta práctica varía en función de cada país y su cultura; la pobreza, la falta de oportunidades educativas y el acceso limitado a la asistencia sanitaria son factores que la perpetúan”, indicó en un comunicado.
Indicó que durante el 2020 el Inegi registró 28 mil matrimonios en los que la mujer tenía menos de 19 años, aún son miles las mujeres en esta situación, la cual según diversas organizaciones las coloca en una situación de vulnerabilidad social y económica al depender de alguien más para su desarrollo personal y profesional.
De igual modo, señaló que la propuesta plantea también que se prohíban las uniones y matrimonios de menores de edad y se deje de argumentar que es por usos y costumbres en los 420 municipios que se rigen bajo este esquema de gobierno, así como para que la prohibición beneficie a todas y todos los niños y adolescentes, aún y cuando no pertenezcan a alguna etnia.
“Quienes avalan esta práctica, la justifican diciendo que así es la costumbre en sus comunidades y por lo que esta inhumana práctica sigue sucediendo sin consecuencias legales en pleno 2021, y esto es la más alta expresión de arrebato de la libertad de un ser humano a otro. Y sí, ha ocurrido frente a nuestros ojos con la complacencia de la sociedad y del gobierno”, agregó.
En ese contexto, dijo, el Presidente de la República no quiere ver el dolor de miles de niñas que son despojadas de su libertad, porque no quiere ver la violencia contra la niñez mexicana y tampoco la violencia sistemática en contra de las mujeres.
“La presente iniciativa es el primer paso para terminar con el problema. Por ello es importante que este tipo de disposiciones queden plasmadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el Congreso de la Unión, las legislaturas de los estados y el Congreso de la Ciudad de México, armonicen su legislación en el mismo sentido del presente decreto”, concluyó.
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