La Cámara de Diputados aprobó este martes reformas constitucionales a la Ley General de Salud que prohíben totalmente cigarrillos electrónicos, vapeadores y dispositivos análogos en México, marcando una de las políticas más restrictivas de la región en materia de productos de nicotina. Con 324 votos a favor (respaldados por Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde) contra 129 en contra (PAN, PRI y Movimiento Ciudadano), los legisladores aprobaron el dictamen que criminaliza comercialización pero no consumo personal.
La reforma prohíbe de manera explícita en todo el territorio nacional la adquisición, producción, fabricación, transporte con fines comerciales, almacenamiento, importación, exportación, distribución y venta de estos dispositivos. También se prohíben todos los actos de publicidad o propaganda para su consumo. La única excepción que establece la ley es que la posesión y consumo personal no será penalizado, un acercamiento que pretende evitar criminalizar a consumidores.
Las sanciones son severaș: establece penas de 1 a 8 años de prisión por venta y multas equivalentes a 100 a 2 mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que oscila entre 11,314 y 226,280 pesos (aproximadamente entre 621 y 12,430 dólares estadounidenses). Morena precisó que no se castigará a quienes posean o utilicen estos productos, diferenciando entre comercialización y consumo.
El debate generó división incluso dentro de la coalición gobernante, particularmente en el Partido del Trabajo, cuyo voto en lo particular fue 292-163. Grupos de salud han argumentado que los vapeadores presentan menores riesgos que el tabaco, mientras que el gobierno enfatiza en la necesidad de proteger a menores de edad de la nicotina. La iniciativa fue enviada directamente por la presidenta Claudia Sheinbaum como parte de su agenda de salud pública.
Aunque no figura un cronograma de entrada en vigor explícito en los reportes consultados, legisladores indican que la prohibición buscará implementarse en los próximos meses, lo que implicará la revisión de inventarios comerciales y políticas de distribuidores. México se suma así a naciones como Canadá y Tailandia en políticas restrictivas totales de estos productos, diferenciándose de regulaciones más graduales en Europa y Norteamérica.
