En el contexto de la aprobación y entrada en vigor del nuevo Tratado de México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el colectivo Red de Defensa de los Derechos Digitales (R3D) busca instar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a interponer una demanda de inconstitucionalidad en contra del nuevo tratado regional. Denuncian que los cambios a la Ley Federal del Derecho de Autor y al Código Penal Federal derivados de la nueva legislación comercial atentan contra los derechos humanos.
Una primera preocupación reside en el establecimiento de un nuevo mecanismo de reclamo de derechos de autor que contempla el tratado comercial, ya existente en Estados Unidos y con al que México debe homologarse. Ahora, los proveedores de servicios en línea, como Facebook o YouTube, estarán obligados a retirar cualquier contenido reclamado por un particular sin previa notificación.
La segunda preocupación principal derivada de la aprobación del T-MEC es la criminalización de la elusión de candados digitales. Un candado digital, o Digital Rights Management (DRM) es cualquier mecanismo que restringe la manipulación o copia de hardware o software propietarios. Los cambios al Código Penal Federal incluyen sanciones que ascienden a 1.7 millones de pesos y 6 años de prisión para quienes sobrepasen estos candados de alguna manera.
A través de las redes sociales y su propio sitio web, la organización R3D afirma que los mecanismos de "notificación y retirada" contravienen las leyes de libertad de expresión establecidas en los artículos 6 y 7 de la Constitución y en tratados internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Denuncia que esta medida se ha utilizado antes y se seguirá utilizando como mecanismo de censura injustificada hacia periodistas y defensores de derechos.
Igualmente, alegan que las sanciones a la elusión de candados digitales contradicen las limitaciones y excepciones reconocidas actualmente en los artículos 148 y 151 de la Ley Federal del Derecho de Autor. Sin estas excepciones, los consumidores de tecnología mexicanos, e incluso proveedores de servicios de reparación, podrían verse castigados por cosas previamente no sancionables, como manipular o inspeccionar cualquier dispositivo tecnológico; o copiar cualquier software o contenido mediático, así sea por motivos educativos o de investigación.
R3D y otras organizaciones han criticado al Congreso por aprobar la nueva legislación después de una nula discusión y con el visto bueno de la mayoría de los curules. Temen asimismo que los beneficios económicos que la nueva legislación pueda acarrear a los grandes proveedores de servicios en línea y fabricantes de software socaven la libertad de los usuarios y consumidores de tecnología en México.
Con lo anterior en cuenta, durante las semanas anteriores se ha convocado a la sociedad civil para pedir a la CNDH que interponga una acción de inconstitucionalidad a la Suprema Corte de Justicia, con miras discutir y adecuar razonadamente la legislación del T-MEC para proteger los derechos digitales y las garantías individuales de los mexicanos, que podrían verse seriamente comprometidas.
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