La senadora panista Ivita Reyes denunció este martes el uso irregular de instituciones de justicia en Nayarit durante el desarrollo del operativo Nuevo Nayarit, señalando que lo que inició como recuperación de bienes públicos ahora enfrenta acusaciones por posibles abusos y criminalización de ciudadanos.
Durante una conferencia de prensa en el Senado, la legisladora presentó el caso de la familia Guzmán Franco, representada por Apolonio Guzmán Franco, quien denunció ser víctima de despojo de un predio en Rincón de Guayabitos que su familia ha poseído durante más de 60 años con documentación oficial desde 1968.
Según el testimonio de Guzmán Franco, el pasado 17 de abril personal del fideicomiso de Bahía de Banderas, acompañado por aproximadamente 20 policías, ingresó violentamente a su propiedad sin orden de cateo ni de aprehensión. Durante el operativo fueron detenidos cuatro integrantes de su familia, quienes permanecieron incomunicados por cerca de 20 horas sin acceso a defensa, alimentos o medicamentos.
La Fiscalía del Estado de Nayarit fabricó posteriormente varios delitos contra los detenidos, incluyendo despojo, asociación delictuosa en modalidad de pandilla, resistencia de particulares y amenazas, según denunció el afectado. El caso se agrava porque un tribunal colegiado federal había concedido una suspensión provisional para reconsiderar las medidas cautelares.
Especial controversia generó la decisión del juez de control Javier Alberto Rivas González, quien utilizó criterios que los denunciantes califican como discriminatorios para mantener la prisión preventiva. Entre sus argumentos destacó que uno de los detenidos representaba riesgo por vender hamburguesas y ser casado, mientras que a una mujer la consideró peligrosa por ser soltera y no tener relación sentimental.
La senadora Reyes anunció que presentó una iniciativa para frenar abusos en la aplicación de la prisión preventiva y un punto de acuerdo para exigir respeto al estado de derecho en Nayarit. Advirtió que el caso de la familia Guzmán Franco no es aislado y que existen múltiples denuncias similares de despojo en la entidad, calificando al actual gobierno nayarita como "el peor de la historia" y de carácter autoritario.
