Las ocho órdenes de aprehensión giradas por la Fiscalía General del Estado de Nayarit, al frente de la cual se encuentra Elvia Ludmina Heredia, contra defensores y habitantes de Punta de Mita que protestaron contra el desarrollo turístico Cantiles de Mita de Grupo Dine en Playa Las Cocinas, permanecen jurídicamente vigentes hasta este martes 9 de junio de 2026, según pudo confirmar este medio de comunicación.
El presidente municipal de Bahía de Banderas, Héctor Santana, anunció a través de sus redes sociales haber gestionado ante la Fiscalía estatal el retiro de al menos cuatro de las ocho órdenes de aprehensión, presumiendo su intervención como un logro personal. Sin embargo, NNC.mx puede confirmar que los afectados no han recibido notificación jurídica formal de la suspensión de dichas órdenes, lo que significa que, legalmente, estas siguen activas y representan un riesgo real para quienes participaron en las manifestaciones.
Los propios activistas han expresado su temor a ser detenidos si vuelven a ejercer su derecho a la protesta en defensa de las playas de libre acceso. El anuncio del alcalde Héctor Santana, que generó expectativa en la comunidad y en medios de comunicación, se revela como un adelanto sin sustento jurídico comprobable, una promesa sin efectos legales que deja desprotegidos a los defensores del entorno costero de Corral del Risco y Punta de Mita.
En paralelo, circula en redes sociales un video de una reunión encabezada por el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, con integrantes del movimiento ambiental, celebrada en Tepic el pasado 27 de abril del 2026. En las imágenes se observa al mandatario hablando por teléfono celular con una persona a quien solicita intervención directa en el tema de las órdenes de aprehensión, para al terminar la llamada pedir un aplauso para dicha persona, acto que el alcalde Héctor Santana celebró efusivamente entre los presentes.
Este episodio pone sobre la mesa una seria señal de alerta sobre la autonomía de la Fiscalía de Nayarit: si el gobernador necesita llamar por teléfono para gestionar la retirada de órdenes de aprehensión, queda en evidencia la presunta subordinación del órgano persecutor al poder ejecutivo estatal, lo que contraviene los principios de independencia que la ley le otorga al Ministerio Público. Cabe destacar que no todos los activistas asistieron a esa reunión en Tepic, precisamente por miedo a ser detenidos con las órdenes aún vigentes.
A lo anterior se suma que el equipo jurídico defensor de los ambientalistas de Playa Las Cocinas habría recibido recientemente amenazas, hecho que, aunque no ha sido confirmado oficialmente su vínculo directo con el caso, encuadra en un patrón de hostigamiento que ya venían denunciando los propios activistas desde semanas atrás. El defensor Efraín López llegó a publicar un video en redes sociales advirtiendo: "Si algo me llega a pasar, les encargo que continúen la lucha", señalando sentirse en riesgo por su labor en defensa del litoral nayarita.
Las denuncias originales contra los manifestantes fueron interpuestas por representantes de Cantiles de Mita S.A. de C.V., filial de Grupo Dine, acusando a los defensores de delitos como amenazas, daños a la propiedad, apología del delito y asociación delictuosa, derivados de las protestas del 27 de abril de 2026. El abogado defensor Luis Daniel Juárez logró amparos que provisionalmente impiden las detenciones mientras se resuelven los juicios, dado que los delitos imputados no son considerados graves bajo el artículo 19 constitucional. No obstante, la existencia jurídica de las órdenes persiste y los amparos no equivalen a su cancelación definitiva.
El conflicto de fondo sigue sin resolverse: Grupo Dine continúa con obras en una zona que, según denuncias de activistas y organizaciones ambientales, viola los 20 metros de Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT), afecta sitios de anidación de tortugas marinas y privatiza de facto una playa de uso público en uno de los destinos turísticos más exclusivos del Pacífico mexicano. Mientras el poder político gestiona acuerdos por teléfono y el alcalde presume en redes logros que no tienen sustento legal, los defensores de Playa Las Cocinas siguen en la incertidumbre jurídica y el riesgo real de ser detenidos por ejercer su derecho constitucional a la protesta.
