El Instituto Nacional de Migración (INM), dependiente de la Secretaría de Gobernación, informa que, derivado del Operativo Turquesa II se logró en siete días la identificación de 541 personas extranjeras de 19 nacionalidades que no pudieron comprobar su estancia regular en el país y que transitaban por los estados de Sonora, Baja California, Veracruz, Quintana Roo y la Ciudad de México.
Operativo Turquesa II tiene como objetivo la identificación y desarticulación de organizaciones criminales vinculadas con presuntos actos ilícitos, como el tráfico y y/o trata de personas migrantes, tráfico de drogas y también, en este caso, con la colusión o corrupción en la que pudieran estar implicadas personas servidoras públicas.
Como parte de este propósito interinstitucional, entre el 27 de noviembre y el 3 de diciembre pasados, el INM participó en diferentes tareas de coordinación con elementos de seguridad del país (Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República, entre otras instancias), así como internacionales, tales como la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).
Derivado de este esfuerzo, se obtuvo información de personas nacionales y extranjeras con probable vinculación con organizaciones del crimen organizado que se dedican a actividades ilícitas, como el tráfico de personas, de armas y droga, y con presuntos actos de corrupción.
Respecto a las 541 personas migrantes que no acreditaron su legal estancia en México y que fueron identificadas durante su ingreso y tránsito por cinco entidades del país, se informa que 271 son originarias de Guatemala; 162, Honduras; 38, El Salvador; 20, Cuba; 17, Nicaragua; 7, Haití; 5, Rumania; 4, Colombia; y 3, Brasil.
Asimismo, dos de cada una de los siguientes países: Estados Unidos, Camerún, Mali y Congo; así como una de Chile; Costa de Marfil, Venezuela, Suiza, Alemania y Togo.
Cabe mencionar que durante los operativos en los que participó el INM no se detectaron víctimas de tráfico o trata de personas u otras detenidas por este tipo de ilícitos.
El INM refrenda su compromiso para garantizar una migración segura, ordenada y regular, así como para mantener una colaboración interinstitucional amplia y oportuna, con cabal respeto a los derechos humanos, a fin de contribuir al combate de actos ilícitos como la corrupción, tráfico y trata de personas.
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