Confirman ocho órdenes de aprehensión contra manifestantes de Punta de Mita

Ocho integrantes del Movimiento de Protección Ambiental de Playa Las Cocinas, en Punta de Mita, enfrentan órdenes de aprehensión dentro de la carpeta de investigación 359/2026, luego de una protesta relacionada con la defensa del acceso a la playa y del entorno costero en Bahía de Banderas, Nayarit. La confirmación provino de la revisión de las copias del expediente y de la causa penal que los propios activistas obtuvieron mediante un juicio de amparo. La carpeta de investigación fue integrada por el Ministerio Público de la Fiscalía General de Nayarit, quien solicitó las órdenes ante el juez.

La documentación judicial señala que no son cuatro, como se había informado inicialmente, sino ocho manifestantes los que aparecen con orden de aprehensión. Las órdenes fueron emitidas por un juez de primera instancia con sede en Bucerías el 27 de abril de 2026, no por la Fiscalía, quien únicamente las tramitó. El asunto está radicado en el Centro Regional de Justicia Penal número 5, con sede en Bucerías.

A los activistas se les atribuyen los delitos de amenazas, apología del delito, asociación delictuosa y daños en la propiedad. Los señalamientos están vinculados con las protestas realizadas en Playa Las Cocinas, donde el grupo ha exigido respeto al acceso público y a la zona ambiental de la costa.

El conflicto comenzó a escalar desde finales de abril, cuando hubo detenciones durante una protesta en la zona. En ese contexto, el alcalde Héctor Santana García intervino en las negociaciones y aseguró hace días que no había detenidos, pese a que los antecedentes del caso y la documentación judicial muestran lo contrario, además de la existencia de ocho órdenes de aprehensión dentro de la causa penal. La Fiscalía, encabezada por la fiscal Ludmila Heredia Verdugo, presentó la denuncia el mismo día de los hechos a partir de la querella de Cantiles de Mita S.A. de C.V., filial de Grupo DINE.

Santana también sostuvo que buscaba una salida mediante diálogo y gestión con la Secretaría de Gobierno en Tepic, mientras los inconformes lo acusaban de proteger, junto con el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero, a la empresa responsable del proyecto. Los manifestantes afirmaron que la situación se estaba usando como una presión para frenar la protesta y debilitar su movimiento.

Por su parte, Miguel Ángel Navarro Quintero declaró en abril que el acceso público a las playas estaba garantizado y que se había reunido con los activistas para alcanzar acuerdos. En otra de sus intervenciones públicas sobre el caso, planteó que ya se negociaban 20 metros de playa en Cocinas, pero en los hechos los manifestantes sostienen que el acceso terminó afectado por la colocación de una escollera y por la ocupación de la franja costera vinculada al desarrollo inmobiliario.

Los activistas aseguran que su actuación forma parte del ejercicio del derecho a la libre manifestación y de la defensa del medio ambiente. También han pedido que se reviertan las acciones judiciales en su contra y que se respeten sus garantías, al señalar que se trata de una respuesta penal desproporcionada frente a una protesta social.

El caso ocurre en una zona de alta presión turística y urbanística, donde confluyen intereses inmobiliarios, uso del suelo y protección ambiental. En Punta de Mita y sus alrededores, la discusión por el acceso a las playas ha generado inconformidad entre habitantes y colectivos locales.

Con la confirmación de ocho órdenes de aprehensión, el expediente adquiere mayor alcance y redefine la dimensión legal del conflicto. La disputa ya no solo gira en torno a la protesta, sino también al trato judicial que enfrentan los defensores ambientales. La Fiscalía de Nayarit ha sido acusada por los manifestantes de criminalizar la protesta ambiental, mientras que la institución mantiene que actuó conforme a derecho al integrar la carpeta de investigación por los delitos de amenazas, apología del delito, asociación delictuosa y daños en la propiedad.