Murió bajo prisión preventiva en Bucerías pese a advertencias sobre su salud, denuncia abogado

Un hombre que enfrentaba un proceso penal por cohecho murió mientras permanecía bajo prisión preventiva justificada en el penal de Bucerías, Nayarit. Su abogado, Joel Fernández, denunció mediante un video en redes sociales que la defensa había advertido al juez sobre la gravedad de su estado de salud y solicitado que pudiera permanecer en casa, al cuidado de su familia.

Fernández relató que, durante la audiencia, expuso que su cliente se encontraba en condiciones tan delicadas que ni siquiera podía caminar. Según el abogado, esa situación debía considerarse antes de imponer una medida cautelar que lo mantendría dentro de un centro penitenciario, donde requeriría atención médica especializada.

El defensor afirmó que el propio imputado pidió al juez que lo dejara volver a casa para recibir cuidados de sus familiares. Entre lágrimas, sostuvo Fernández, el hombre expresó su temor de no sobrevivir si permanecía detenido. El abogado aseguró también que su cliente llevaba 12 horas sin atención médica, tendido sobre un colchón. Se trata de señalamientos de la defensa cuya documentación y circunstancias precisas aún deben verificarse.

Pese a esas advertencias, el juez determinó imponerle prisión preventiva justificada, de acuerdo con el relato de Fernández. En los días siguientes, la defensa insistió en que se revisara la medida para que el hombre pudiera recuperar la libertad mientras continuaba su proceso penal. También acudió al amparo. El abogado resumió el desenlace con una frase: «La justicia llegó tarde en este caso».

Fernández cuestionó que se recurriera a la prisión preventiva en un proceso por cohecho sin dar, a su juicio, suficiente peso a la condición médica del imputado. Consideró que mantenerlo en el penal afectó su acceso a los cuidados que necesitaba y pidió a los jueces valorar las consecuencias de sus resoluciones sobre la salud y la vida de las personas procesadas.

La defensa también puso en duda la capacidad del centro penitenciario para atender a un paciente en esas condiciones. Según Fernández, las autoridades sostuvieron por escrito que contaban con los medios necesarios, pero él afirmó que la situación dentro del penal era distinta a la descrita en el documento.

Tras la muerte de su cliente, el abogado llamó a revisar las condiciones de atención médica para las personas privadas de la libertad en Nayarit. Señaló que buscará orientar a la familia sobre las vías para reclamar una posible reparación del daño, si se acredita alguna actuación negligente.

Hasta ahora, el testimonio difundido por Fernández no permite determinar la causa médica del fallecimiento ni establecer responsabilidades individuales. Para esclarecer lo ocurrido será necesario conocer el dictamen de defunción, los registros médicos y penitenciarios, las solicitudes que presentó la defensa, la resolución que impuso la prisión preventiva y las respuestas de las autoridades judiciales y del penal.