Morelos arranca elecciones con 23 casos de violencia política femenina abiertos

Morelos dio inicio a su proceso electoral local con al menos 23 denuncias por violencia política en razón de género pendientes de resolución, una situación que organizaciones civiles y legisladoras califican como una señal de alerta para la integridad del proceso. Los casos acumulados involucran a candidatas, funcionarias y militantes de distintos partidos que han señalado agresiones, intimidaciones y obstáculos para ejercer sus derechos políticos. La apertura del proceso ocurre en medio de cuestionamientos a la capacidad de las autoridades electorales locales para atender estas denuncias con la celeridad requerida.

De acuerdo con información de la revista Proceso, las denuncias se encuentran distribuidas en distintas instancias, entre ellas el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC) y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. La falta de resolución de estos expedientes genera preocupación entre las afectadas, quienes temen que la impunidad se convierta en el rasgo dominante del nuevo ciclo electoral. Activistas han advertido que los casos no resueltos pueden desalentar la participación de más mujeres en las contiendas venideras.

La violencia política contra las mujeres en razón de género está tipificada en la legislación mexicana, particularmente a partir de las reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Sin embargo, los especialistas señalan que la norma existe sin que los mecanismos de aplicación sean suficientemente ágiles ni efectivos. En Morelos, este desfase entre ley y práctica se refleja en el cúmulo de expedientes estancados.

El contexto político del estado agrega complejidad al panorama: Morelos atraviesa una etapa de recomposición de fuerzas tras los comicios pasados, con partidos y coaliciones que ya perfilan candidaturas para los cargos locales en disputa. La existencia de denuncias sin atender puede convertirse en un instrumento de presión política, pero también en un vector real de riesgo para quienes buscan competir. Legisladoras de oposición han exigido al IMPEPAC y a la Fiscalía que emitan un calendario concreto de resolución antes de que avance el proceso.

Organizaciones de derechos humanos y de género han hecho un llamado al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que ejerzan su facultad de atracción en los casos más graves, a fin de garantizar que ninguna denuncia quede en el olvido por inacción de las autoridades locales. La demanda central es que el proceso electoral de Morelos no arranque normalizando la impunidad frente a la violencia de género en la política. De no atenderse a tiempo, advierten, el estado podría enfrentar señalamientos ante instancias nacionales e internacionales de derechos humanos.