La coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD, Verónica Juárez Piña, propuso crear el Registro de Ofensores Sexuales de Niñas, Niños y Adolescentes, a fin de salvaguardar a la infancia y la adolescencia.
Asimismo, planteó eliminar carta de antecedentes penales como requisito para trámites o empleos, y sólo preservarla en el caso de los agresores sexuales, a fin de ampliar las oportunidades de reinserción social a quienes han purgado cárcel por algún delito.
Para lograr este cometido, presentó una iniciativa que reforma la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley Nacional de Ejecución Penal.
Detalló que las modificaciones a la legislación de ejecución penal permitirían que la constancia relativa a los antecedentes penales sólo se expida cuando la soliciten autoridades administrativas y judiciales competentes para fines de investigación criminal, procesales o por requerimiento de autoridad judicial o para el ingreso a instituciones de seguridad pública o privada.
De aprobarse esta reforma, se derogaría que esta constancia se expida como requisito para ejercitar un derecho o cumplir un deber legalmente previstos, para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o cuando lo solicite alguna embajada o consulado en el país o de México.
Sobre la necesidad de un Registro Nacional de Agresores Sexuales en contra de Niñas, Niños y Adolescentes, la legisladora señaló que al menos 6 de cada 10 niñas, niños y adolescentes de 1 a 14 años han experimentado al menos un método de violencia en su vida y miles de casos, según cifras oficiales, terminan en asesinato.
A pesar de la gravedad del fenómeno, al momento no se conoce la profundidad y recurrencia de los delitos sexuales contra ese sector poblacional porque, al ocurrir en entornos familiares o cercanos a las víctimas, permanecen ocultos, y las acciones del Estado para su prevención y combate son limitadas, abundó.
Por ejemplo, el país carece de un registro nacional de casos de maltrato infantil reportados a distintas autoridades y éstas desconocen si para una instancia son los mismos registrados en otra.
Dicho registro contendría hasta 16 tipos de datos del sentenciado, como nombre, fecha de nacimiento, sobrenombres, señas particulares, domicilios, teléfonos, redes sociales, trabajo, credencial de elector, pasaporte, licencia de conducir, escolaridad, ADN (Ácido Desoxirribonucleico), ficha signaléctica, sentencia condenatoria, delito por el que se le sentenció, antecedentes penales y fotografía actualizada, entre otros.
Estaría disponible para el personal que designe el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y por ningún motivo su contenido será público ni relacionado con algún otro registro mencionado en la misma Ley.
Del mismo modo, prevé que las personas sentenciadas por algún delito de índole sexual en contra de menores de edad no podrán desenvolverse laboralmente en actividades que conlleven trato con niñas, niños y adolescentes, agregó Juárez Piña.
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