La diputada federal por Colima, Claudia Yáñez Centeno y Cabrera (Morena), afirmó que el aumento de delitos en su entidad federativa no se debe a una insuficiencia de recursos, sino a una mala administración de la seguridad pública.
“La percepción que priva entre muchos colimenses en el tema de seguridad pública, es que está mal administrada. No es un tema de insuficiencia de recursos, pues se destinan cientos de millones de pesos anuales para salvaguardar la seguridad de todos”, externó en un comunicado.
Comentó que en los últimos dos años se ha registrado un incremento en el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), que es un fondo presupuestal previsto en la Ley de Coordinación Fiscal a través del cual se transfieren recursos a las entidades federativas para dar cumplimiento a estrategias nacionales en materia de seguridad pública.
Apuntó que de este fondo se han destinado a Colima, como participaciones federales para seguridad pública, 136.5 millones de pesos (mdp) en 2018; 182.6 mdp, en 2019, y 197.6 mdp para 2020, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. “Los presupuestos crecen, y la violencia también”.
Yáñez Centeno y Cabrera comentó que aun cuando el presupuesto para Colima aumentó este año, se registraron 10 mil 143 delitos de enero a mayo, según la estadística de incidencia delictiva nacional del Gobierno Federal.
“Son 197 millones de pesos de la Federación, que en una mezcla con recursos estatales hacen una bolsa importante para cubrir la nómina y los gastos administrativos de la Secretaría de Seguridad Pública; de la Procuraduría General de Justicia del Estado; del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública; y para el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad del Estado de Colima (C5)”, señaló.
“Ante los altos índices de criminalidad y magros resultados en nuestro estado, lo que se percibe, además de mala administración, es falta de capacitación al personal o depuración del mismo, pues laboran 2 mil 693 personas en la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia del Estado (mil 668 y mil 25, respectivamente en 2018), que son independientes del personal de seguridad pública municipal”, dijo Claudia Yáñez.
Agregó que a dicho personal dedicado a la seguridad pública y procuración de justicia en Colima se sumarían 2 mil 565 elementos de la Guardia Nacional (535 elementos de ésta y 2 mil 30 integrantes de las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena), de Marina (Semar) y de la Policía Federal (PF), como informó el 13 de agosto de 2019 ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, el comandante de la Guardia, Luis Rodríguez Bucio.
“Y con todos esos elementos, no puede ser que Colima esté compartiendo con Morelos el primer lugar nacional en víctimas de feminicidio, con 152 denuncias, incluyendo el reciente asesinato de la diputada local Francis Anel Bueno; sobre todo cuando el gobierno colimense ha publicado que destina 58.6 mdp para prevenir la violencia de género. También van en aumento los delitos de homicidio, robo, lesiones, narcomenudeo, violencia familiar, daño a la propiedad”, concluyó.
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