La Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, el dictamen a la minuta que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política, en materia de movilidad y seguridad vial; se envió a las legislaturas locales para sus efectos constitucionales.
El documento avalado por unanimidad de 351 votos a favor, establece el derecho constitucional de las personas a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad.
Además, faculta al Congreso de la Unión a expedir la ley general de movilidad y seguridad vial, además de que armonice lo correspondiente en la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.
Amplía la facultad de los municipios para formular, aprobar y administrar la zonificación y programas de desarrollo urbano, a fin de atender los planes en materia de movilidad y seguridad vial.
Es un derecho humano de tercera generación
Al fundamentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, diputada Aleida Alavez Ruiz (Morena), señaló que se reconoce un derecho humano de tercera generación, como es la movilidad y seguridad vial. “Es una oportunidad de colocar al ciudadano al centro de la actividad legislativa”.
Mencionó que la minuta deviene de un gran consenso entre las fuerzas políticas en el Senado y en la Cámara de Diputados. Relató que se realizó un parlamento abierto virtual en donde se destacaron los beneficios y la urgencia por legislar en la materia; es un logro de las organizaciones y de la sociedad civil.
Alavez Ruiz resaltó que la garantía de un derecho en la Constitución es un paso para mejorar la vida de las personas que enfrentan la mala calidad en el transporte público e incertidumbre al caminar, andar en bicicleta o al transitar por carreteras. “El dictamen está dedicado a las víctimas de los accidentes viales”.
Puntualizó que el presupuesto público en movilidad discrimina a los más vulnerables; el 70 por ciento se destina a la población que tiene acceso a un vehículo particular como medio de transporte y no a la mayoría de los habitantes que no tienen automóvil.
Este cambio, dijo, “permitirá a los ciudadanos ejercer con plenitud sus derechos, garantizar la movilidad segura de las personas es una forma concreta y efectiva de combatir la desigualdad, promover el bienestar colectivo, reducir la contaminación y los efectos negativos en la salud de la movilidad centrada en los vehículos motorizados”.
Consideró que las reformas constitucionales permitirán una mejora sensible en la vida cotidiana de millones de mexicanos y ayudará en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible.
De acuerdo con datos del Inegi, en 2018 hubo un total de 365 mil 67 accidentes de tránsito terrestre en zonas urbanas y suburbanas, en los que 4 mil 227 personas murieron y 89 mil 191 resultaron heridos.
En tanto, para la Organización Mundial de la Salud cada día alrededor de 3 mil 500 personas fallecen en las carreteras y millones sufren heridas o discapacidades cada año. Los niños, peatones, ciclistas y ancianos son los usuarios más vulnerables de la vía pública y los accidentes vehiculares conforman la causa principal de mortalidad en el país, tanto en conductores como en peatones.
El Índice de Movilidad Urbana del Instituto Mexicano para la Competitividad refiere que en el país las ciudades están más diseñadas para los automóviles que para las personas, lo que deriva en caminos cada vez más largos para un parque vehicular mayor.
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