El Grupo Parlamentario del PAN exigió a la Secretaría de la Función Pública (SFP), investigar a funcionarios federales por el supuesto retraso en la publicación de la reglas de operación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), informó el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba.
“Denunciamos al presidente Andrés Manuel López Obrador, al secretario de Salud y al titular del Insabi ante la Secretaría de la Función Pública, por el retraso en la expedición de las reglas de operación del Insabi”, sostuvo en un comunicado el también secretario de la Comisión de Salud.
“Exigimos a la doctora Irma Eréndira Sandoval su urgente intervención para que se aplique la ley”, agregó.
Esta situación vulnera los derechos de 60 millones de mexicanos que no cuentan con seguridad social y que están en serio riesgo frente a la actual pandemia del coronavirus.
Consideró que los funcionarios federales incumplen con un mandato legal, propio de su cargo, funciones y atribuciones; se presume que son responsables de violar las normas del servicio público y vulnerar el derecho a la salud.
Ramírez Barba consideró conveniente iniciar un procedimiento de responsabilidad administrativa por la omisión en la expedición de las disposiciones reglamentarias del Insabi.
“Debe obligárseles a trabajar en atender las necesidades del sistema de salud que hoy están en incertidumbre, expedirse los reglamentos, reglas claras para el uso de los fondos, clarificar los procedimientos para la entrega de recursos a las entidades federativas y ampliar la cobertura de enfermedades que provocan gastos catastróficos, de lo contrario habrá más sufrimiento y muertes”.
El diputado panista dijo que el Gobierno Federal actuó sin una planeación adecuada y hoy está rebasado, hay un desprecio hacia la población que se atendía en el Seguro Popular, “nula voluntad de coordinación con los estados y una franca ignorancia e incompetencia, personificada en Juan Ferrer Aguilar, titular del Insabi.
“Por ello, estamos pidiendo a la Secretaría de la Función Pública iniciar un procedimiento por faltas administrativas graves, en contra de los titulares del Poder Ejecutivo, la Secretaría de Salud y el Instituto de Salud para el Bienestar, por ser omisos, violar la ley y retrasar la operación de servicios”.
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