Ludmila Heredia busca quedarse al frente de la Fiscalía

La fiscal general en funciones, Elvia Ludmila Heredia Verdugo, es una de las 13 personas aspirantes que entrevistó la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso de Nayarit en el proceso para designar a quien encabezará la Fiscalía General del Estado durante los próximos nueve años. Entre todos los perfiles, es la única que llega a esta etapa con la experiencia de haber dirigido la institución.

Heredia Verdugo, entonces subfiscal general, rindió protesta ante el Pleno del Congreso el 22 de diciembre de 2025 como encargada del despacho por ministerio de ley, luego de que el Legislativo recibiera, el 20 de diciembre, la renuncia por motivos personales de Petronilo Díaz Ponce Medrano. Su designación se aprobó por unanimidad y la convirtió en la primera mujer al frente de la Fiscalía de Nayarit; conforme a lo aprobado entonces, ejercerá el cargo hasta el 20 de diciembre de 2026, fecha en que concluye el periodo vigente. En septiembre formalizó su interés en continuar y el gobernador Miguel Ángel Navarro Quinterorespaldó públicamente su permanencia.

En su balance más reciente, presentado el 6 de octubre, la fiscal informó que en lo que va de 2026 la institución ha ejecutado 2 mil 730 órdenes de aprehensión. De ellas, 707 corresponden a violencia familiar, 316 a abandono de familiares, 146 a violación, 92 a abuso sexual y 11 a feminicidio; también se cumplieron 326 por narcomenudeo, 24 por homicidio y 19 por secuestro. Según los reportes periódicos de la propia Fiscalía, las órdenes cumplidas por delitos contra mujeres, niñas y adolescentes sumaban 875 a finales de febrero, en un conteo que la dependencia lleva desde el 25 de noviembre de 2025.

Otro de los frentes de su gestión ha sido la revisión interna de las corporaciones. El 18 de junio, Heredia Verdugo informó que se detectaron posibles nexos de agentes activos y exintegrantes de corporaciones con grupos criminales, a través de grupos de mensajería con más de 2 mil 500 integrantes en los que presuntamente se compartía información sobre operativos; por esos hechos fue detenido un exdirector de la Agencia de Investigación Ministerial y tres policías en funciones fueron vinculados a proceso. En agosto, en operativos realizados los días 11 y 12 con la Fiscalía General de la República, el Ejército, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad estatal en Bahía de Banderas, fueron detenidos ocho policías municipales y un estatal, que después fueron vinculados a proceso por ejercicio indebido de funciones, halconeo y asociación delictuosa. Todos conservan su derecho a la presunción de inocencia.

Ese trabajo ha tenido un costo personal. El 8 de septiembre, la fiscal reveló que se frustró un plan para atentar contra ella y contra el gobernador, detectado mediante trabajos de inteligencia y a partir de la detención de 10 personas relacionadas con la colocación de mantas en Tepic. Días después, sobre la reacción de los grupos delictivos, declaró: “Ellos están muy ofendidos con la institución, conmigo en particular, por eso el coraje, porque estaban acostumbrados a que no se les detuviera”. El 6 de octubre informó que la Fiscalía ya ejercitó acción penal y solicitó órdenes de aprehensión por las amenazas y el seguimiento a los movimientos del mandatario.

En materia de incidencia, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó que Nayarit registró 42 víctimas de homicidio doloso entre enero y agosto de 2026, con una reducción de 65.3 por ciento en su promedio diario respecto al mismo periodo de 2025, la segunda mayor del país. El gobernador atribuyó el resultado a las acciones de prevención y a la coordinación entre el Gobierno de México, el estatal y las instituciones de seguridad y procuración de justicia.

De acuerdo con la convocatoria y el artículo 94 de la Constitución local, una vez que el Pleno avale el dictamen de la Comisión, este será enviado al Ejecutivo estatal, que deberá proponer una terna en un plazo no mayor a 15 días; esa terna será votada por las y los diputados de la XXXIV Legislatura, que tendrán la última palabra sobre la designación.