Legisladores de Jalisco exigen cuentas por 40 mdp del fondo para víctimas

El Congreso de Jalisco exigió formalmente un informe sobre el uso y destino de los 40 millones de pesos que integran el fondo estatal para víctimas. La solicitud fue presentada por legisladores locales ante las autoridades responsables del manejo de dicho recurso público. La petición se da en el marco de la fiscalización que el Poder Legislativo realiza al gasto del gobierno estatal. Hasta el momento no se ha especificado un plazo definitivo para que las dependencias respondan al requerimiento.

Los diputados argumentaron que resulta indispensable conocer con precisión en qué programas, acciones y beneficiarios se han aplicado los recursos del fondo. La transparencia en el manejo de estos recursos públicos es una obligación constitucional que no admite opacidad, señalaron durante el debate en el pleno. Este tipo de fondos está orientado a brindar apoyo económico, psicológico y legal a personas que han sufrido algún delito. La ausencia de información clara motivó la intervención formal del Poder Legislativo de Jalisco.

El fondo para víctimas es administrado por instancias del gobierno estatal de Jalisco en coordinación con organismos especializados en la atención a población vulnerable. Su creación respondió a compromisos legales derivados de la Ley General de Víctimas y su equivalente en el ámbito local. Sin embargo, legisladores advirtieron que no existe un reporte público accesible que permita verificar el ejercicio del gasto. Esa falta de rendición de cuentas fue el detonante central de la iniciativa legislativa.

La solicitud refleja una tensión creciente entre el Congreso local y el Ejecutivo estatal en materia de fiscalización y transparencia. En semanas recientes, distintas fracciones parlamentarias han elevado el tono de sus cuestionamientos al gobierno de Jalisco sobre el manejo de fondos destinados a grupos en situación de vulnerabilidad. La oposición ha señalado que la rendición de cuentas en este rubro es deficiente y que los mecanismos de supervisión resultan insuficientes. El episodio se suma a un debate más amplio sobre la eficacia de las políticas de atención a víctimas en la entidad.

De no recibir respuesta satisfactoria, los legisladores advirtieron que podrían escalar la solicitud ante órganos de fiscalización superior o presentar denuncias formales ante las autoridades competentes. La Comisión de Víctimas del Congreso tiene previsto convocar a funcionarios a comparecer ante el pleno para explicar el ejercicio de estos recursos. El seguimiento del caso será determinante para evaluar si el fondo ha cumplido su propósito social. La ciudadanía y las organizaciones civiles estarán atentas a los resultados del proceso de rendición de cuentas.