Durante el segundo año constitucional, los diputados de la 33 Legislatura, encabezada por la parlamentaria Alba Cristal Espinoza Peña, aprobaron varias reformas que modifican el Código Penal del Estado de Nayarit en relación a la usurpación de identidad, con el propósito de sancionar a los funcionarios públicos que cometan este delito.
Entre las 87 resoluciones del segundo periodo ordinario de sesiones, se incluyeron diversas agravantes en el artículo 327 del Código Penal, las cuales afectan el patrimonio, la moral y el derecho a la identidad.
En cuanto a las modificaciones, se establece que cualquier individuo que proporcione información o datos a terceros con fines ilícitos podrá enfrentar una pena de hasta siete años de prisión y una multa de hasta 500 días.
En el caso de los funcionarios públicos que faciliten la usurpación de identidad de una persona, aprovechando su posición, empleo, parecido físico o similitud de voz para cometer delitos, se les impondrá una pena de cuatro a nueve años de prisión y una multa de 250 a 800 días.
Además de las modificaciones al Código Penal, los legisladores también reformaron el artículo 420 en relación al delito de encubrimiento por receptación, con el objetivo de garantizar el respeto al principio de presunción de inocencia cuando se adquiere un vehículo.
Según esta resolución, aquellos que cometan el delito de encubrimiento por receptación podrían enfrentar una pena de hasta 12 años de prisión.
El delito de encubrimiento por receptación se produce cuando alguien adquiere, posee, vende, enajena, empeña, traslada, recibe, oculta, suministra o trafica uno o más vehículos automotores robados o partes de los mismos.
