INE busca frenar precampañas disfrazadas de procesos internos partidistas
Consejeros electorales plantean regular las actividades proselitistas que se ocultan bajo esquemas de selección de candidatos.

Consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) han manifestado públicamente su postura de impulsar regulaciones que pongan límites a las llamadas precampañas adelantadas, que en la práctica se realizan bajo el disfraz de procesos internos de selección de candidatos por parte de los partidos políticos.
La preocupación de los integrantes del Consejo General del INE radica en que estos mecanismos partidistas se han convertido en una vía para que aspirantes a cargos de elección popular realicen actividades de proselitismo y visibilidad antes de los tiempos permitidos por la legislación electoral vigente, sin que exista actualmente un marco normativo que lo impida de manera explícita.
Desde la perspectiva de los consejeros electorales, la ausencia de una regulación clara representa una desigualdad en la competencia política, ya que quienes participan en estos procesos internos gozan de una ventaja mediática y de movilización frente a otros posibles contendientes que no tienen acceso a esos recursos o visibilidad anticipada.
El planteamiento de los funcionarios del INE apunta a que sean las autoridades legislativas quienes intervengan para cerrar este vacío legal, de modo que las reglas del juego electoral apliquen de manera equitativa desde etapas previas al inicio formal de los procesos electorales, sin que los partidos puedan eludir los topes y restricciones establecidos en la ley.
El debate sobre las precampañas encubiertas no es nuevo en el escenario político mexicano, pero cobra relevancia en un contexto en el que diversos partidos ya han activado dinámicas internas de cara a futuros procesos electorales. La posición del organismo electoral subraya la necesidad de que la normativa avance al mismo ritmo que las estrategias políticas que buscan aprovechar sus márgenes de ambigüedad.
De concretarse una reforma en ese sentido, implicaría que los procesos de selección interna de candidatos quedarían sujetos a supervisión y a límites similares a los que rigen durante las precampañas oficiales, lo que significaría un cambio relevante en la forma en que los partidos organizan su vida interna y presentan públicamente a sus aspirantes.


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