Hacienda afirma que la UIF no ha sido requerida por el caso Olán

El secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, afirmó ante el Senado que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no ha sido requerida por otras autoridades respecto del expediente relacionado con Jorge Amílcar Olán Aparicio que fue planteado durante su comparecencia. El funcionario respondió a cuestionamientos de la oposición sobre el empresario y defendió que la unidad aplica los mismos criterios a todas las personas.

La discusión ocurrió este martes 6 de octubre, durante el análisis del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Además de las preguntas sobre las actuaciones de la UIF, los legisladores llevaron a la tribuna señalamientos sobre contratos públicos y el combate al contrabando de combustibles, temas sobre los que Amador expuso la postura de Hacienda y medidas del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Según la información publicada por La Silla Rota, el senador panista José Máximo García Fernández pidió al secretario confirmar o desmentir si la UIF mantiene una investigación relacionada con Olán. Amador respondió que, hasta ese momento, la unidad no había recibido un requerimiento de autoridades sobre el expediente mencionado por el legislador y recordó el derecho de audiencia.

En otra de sus respuestas, el titular de Hacienda sostuvo que los expedientes de la unidad están documentados y señaló que no existían “en este momento investigaciones en ese sentido por parte de la Fiscalía”. En ese pasaje no mencionó expresamente a Olán. La referencia a la Fiscalía y la ausencia de requerimientos a la UIF tienen alcances específicos y no equivalen a una resolución sobre la situación jurídica del empresario.

El PAN pide respuestas sobre contratos y actuaciones de la UIF

La senadora Mayuli Martínez Simón también cuestionó al secretario sobre Olán. De acuerdo con la versión de su intervención difundida por el PAN, pidió saber si la UIF había detectado irregularidades entre las personas que mencionó y qué acciones emprendería Hacienda. Su exposición incluyó señalamientos sobre negocios de medicamentos, suministro de balasto para el Tren Maya y contratos vinculados con Pemex.

Martínez atribuyó a Olán contratos por hasta 33 mil 500 millones de pesos y preguntó si actualmente existen convenios vigentes con él o con alguna de sus empresas. La cifra y los señalamientos fueron presentados por la legisladora opositora. También solicitó explicar qué medidas aplica Hacienda para prevenir irregularidades en la asignación de nuevos contratos de obras públicas.

Frente a las preguntas, Amador defendió que la UIF se apega a los procedimientos judiciales y administrativos y que no establece excepciones en su actuación. Explicó que brinda asistencia a la Fiscalía General de la República y a otras instituciones que la requieren. Su respuesta se concentró en esos mecanismos de colaboración y en el trato que, aseguró, recibe cualquier persona física o moral.

Hacienda expone medidas contra la venta ilegal de combustibles

Sobre el contrabando de combustibles, el secretario afirmó que combatirlo es una prioridad de las áreas recaudadoras de Hacienda. Señaló que existe una instrucción de evitar prácticas que provoquen pérdidas de recursos públicos y presentó las acciones del SAT contra la comercialización ilegal de gasolina y diésel como parte de esa estrategia.

Amador reportó la cancelación de 22 mil 205 sellos para facturar a comercializadoras, como medida contra la venta ilegal de combustibles. La cifra fue expuesta por el funcionario en su respuesta; se refiere a sellos para facturación y no debe interpretarse como un número de personas procesadas o de empresas condenadas.

El titular de Hacienda también mencionó controles automáticos en los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) para impedir operaciones relacionadas con la venta ilegal de combustibles. Agregó que desde junio se establecieron medidas de control vinculadas con la exigencia de contar con un permiso vigente de la Secretaría de Energía.

De acuerdo con Amador, estas acciones se desarrollan en coordinación con la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de Energía. El balance presentado correspondió al combate general a las irregularidades en el mercado de combustibles; en las declaraciones citadas no identificó esas cancelaciones de sellos como medidas aplicadas específicamente a Olán o a alguna de sus empresas.