La familia Guzmán de Rincón de Guayabitos, Nayarit, denunció públicamente las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la detención de cuatro de sus integrantes, quienes permanecieron desaparecidos por al menos ocho horas antes de ser localizados en Tepic, capital del estado. Los hechos ocurrieron hace aproximadamente dos semanas y han generado una creciente indignación entre habitantes de la región costera.
Según la denuncia, elementos de la Fiscalía General del Estado de Nayarit irrumpieron en el inmueble familiar sin contar con una orden de aprehensión, procedieron a la detención de cuatro personas y aseguraron la propiedad. Los familiares aseguran que inicialmente los buscaron en Bucerías, Las Varas y Guayabitos sin éxito, hasta que los ubicaron en Tepic, sin haber sido informados del traslado.
Durante las 48 horas de detención, las autoridades negaron sistemáticamente el acceso a abogados defensores y no proporcionaron alimentos a los detenidos, pese a que familiares los llevaron. "Nos hicieron el intento y la credibilidad de que les iban a dar el alimento que les llevamos, el cual en las 48 horas detenidos que estuvieron nunca les dieron", declaró uno de los familiares durante el comienzo de una manifestación pacifica.
Los cargos formulados por las autoridades refieren al presunto despojo de un terreno frente al mar que la familia asegura poseer desde hace más de 50 años, respaldados con documentos que datan de ese período. Además, los agentes que participaron en el operativo solicitaron seis meses de terapias por presuntos traumas psicológicos, una acusación que la familia rechaza de plano señalando que los elementos iban armados mientras ellos se encontraban desarmados.
Otro punto denunciado es que en ningún momento del operativo las autoridades informaron a los detenidos los motivos del arresto, ni les leyeron sus derechos. "En los videos que se tienen, se muestran cómo ellos preguntaban vez tras vez por qué motivo se nos está deteniendo. Jamás quisieron decir el motivo por el cual se nos llevaron", afirmó el familiar. Esta conducta constituye una violación directa a las garantías constitucionales reconocidas en México.
El caso se encuentra actualmente en un limbo judicial entre Tepic y Bucerías: el juez de Tepic rechazó la competencia y lo remitió al municipio de origen, pero las autoridades de Bahía de Banderas tampoco han asumido el proceso. La siguiente audiencia fue programada para el 15 de mayo con el fin de determinar qué juzgado resolverá el fondo del asunto.
La familia Guzmán realizó una manifestación pública en compañía de pobladores de Guayabitos y comunidades aledañas para exigir la liberación inmediata de sus familiares. En el acto, señalaron que no es la primera vez que la Fiscalía de Nayarit actúa con abuso de fuerza en la zona. "No es justo, no es legal, va contra los derechos humanos, queremos que las autoridades nos volteen a ver porque ya son muchos los atropellos", expresaron ante los medios.
Los denunciantes hicieron un llamado directo a la presidenta Claudia Sheinbaum y a instancias federales para que intervengan, señalando la existencia de un sistema de justicia desigual.
