Vecinos y usuarios de la zona de Flamingos, en Bahía de Banderas, Nayarit, han alzado la voz ante lo que describen como una privatización ilegal de vialidades públicas dentro del Condominio Maestro Los Flamingos, un corredor hotelero y residencial ubicado en las inmediaciones de la Carretera Federal No. 200.
La indignación ciudadana surge de una contradicción documentada: la Dirección de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Bahía de Banderas ya había exhibido registros oficiales en los que se estipula que las avenidas de dicha zona son de acceso libre y público. Sin embargo, en la práctica, los residentes y transeúntes reportan que estas vías están siendo bloqueadas mediante controles de acceso y señalizaciones restrictivas.
El elemento que ha detonado mayor controversia es un letrero de gran formato instalado en el área, el cual establece de forma explícita: "Las avenidas y calles del Condominio Maestro Los Flamingos son propiedad privada", y advierte que las vialidades internas no constituyen vías de paso hacia la carretera federal. Los denunciantes rechazan esta afirmación al señalar que contradice directamente los documentos gubernamentales que la propia autoridad ha exhibido.
Los afectados reconocen que la justificación oficial del condominio para implementar los controles es la realización de labores de mantenimiento, argumento que la ciudadanía rechaza de manera contundente. "Dar mantenimiento no es adueñarse de las avenidas", sostienen, subrayando que la restricción al libre tránsito no puede fundamentarse en trabajos de conservación que, por definición, son temporales y no transfieren derechos de propiedad sobre vías públicas.
El contexto resulta particularmente sensible en una región donde el acceso a las playas es un tema de debate permanente. Mientras el Ayuntamiento de Bahía de Banderas ha impulsado en meses recientes una narrativa de defensa del patrimonio público federal en casos como el de Playa Cocinas, los denunciantes señalan que en Flamingos se consolida precisamente el escenario opuesto: la apropiación progresiva de espacios que deben permanecer abiertos a la ciudadanía y que funcionan como corredores de conectividad hacia la zona costera.
Ante la gravedad de las denuncias, los ciudadanos afectados han intentado dialogar con la administración municipal vigente, encontrando respuestas que describen como evasivas y temerosas, con funcionarios que, según los testimonios, priorizan evitar la polémica mediática por encima de hacer valer los derechos constitucionales de libre tránsito. Esta actitud, señalan, ha alimentado aún más la desconfianza hacia las instituciones locales.
La situación ha escalado al punto en que los propios denunciantes advierten sobre el riesgo inminente de conflictos físicos en los filtros de seguridad del condominio, ante la frustración acumulada de quienes ven restringido arbitrariamente su paso. Exigen que las autoridades estatales y municipales inicien una investigación formal sobre la situación legal de los terrenos y vialidades, y que el Ayuntamiento de Bahía de Banderas actúe con decisión para garantizar el libre acceso a lo que los registros oficiales ya reconocen como vías públicas.
