El 2 de junio de 2025, el presidente municipal de Bahía de Banderas, Héctor Santana, se plantó ante las cámaras con maquinaria del Ayuntamiento a sus espaldas y ordenó la demolición de un muro en Sayulita que bloqueaba el acceso al mar. Sus palabras fueron rotundas: "El mar de Bahía de Banderas no es de nadie."
Hoy, casi un año después, ese mismo alcalde se deslinda del conflicto en Punta de Mita, donde otro muro —igualmente de piedra, igualmente frente al mar— lleva meses bloqueando el acceso a Playa Las Cocinas. Su respuesta: mesas de diálogo, esperar permisos federales, priorizar la legalidad.
La pregunta que la ciudadanía se hace esta mañana, mientras decenas de vecinos cierran la Carretera Federal 200, es una sola: ¿por qué en Sayulita sí y en Punta de Mita no?
La respuesta no requiere gran investigación. En Sayulita, demoler un muro era políticamente conveniente: le daba imagen de alcalde firme y defensor del pueblo. En Punta de Mita, en cambio, los intereses involucrados son distintos. El hotel cuya primera piedra se colocó el 13 de marzo de 2025 no llegó solo: llegó con respaldos, con permisos federales y, presuntamente, con vínculos con quienes apoyan económica y políticamente el proyecto de Héctor Santana.
No es la primera vez que el alcalde presumía su cercanía con el tema. En marzo de 2026 viajó a la Ciudad de México a reunirse con Ricardo Monreal para "impulsar el acceso libre a las playas". Meses después, las playas de su propio municipio siguen siendo el epicentro de la mayor movilización ciudadana de Bahía de Banderas en los últimos años.
Hoy, los pobladores de Punta de Mita lo gritan en la carretera. No son delincuentes, como sugirió el gobernador Navarro Quintero. Son ciudadanos que recuerdan perfectamente lo que Héctor Santana prometió, y exigen coherencia entre sus palabras y sus actos.
Las playas no son de nadie, dijo el alcalde. Entonces, ¿por qué las cuida más en Sayulita que en Punta de Mita?
